Se confirma también la suspensión al técnico Toni Pazó durante 18 meses
20 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El juez instructor del nuevo expediente por supuestas infracciones del Olivo de fútbol femenino abierto el pasado 10 de enero considera «probados con creces» los hechos denunciados y, en vista de ello, reitera las sanciones impuestas en el anterior proceso, luego invalidado. Así consta en la resolución de la que tuvo conocimiento ayer la parte denunciante, si bien el club vigués aseguraba anoche que continuaba esperando noticias y que no se le había comunicado nada al respecto por el momento.
La jugadora Jessica Bedoya había denunciado el uso de su ficha por parte de otra jugadora cuando la primera ya había dejado de pertenecer al equipo. La suplantación se habría producido en tres partidos consecutivos y el juez encargado considera completamente demostrados los hechos. Y responsabiliza de ellos en igual medida al técnico del equipo, Toni Pazó, y al club vigués, que entiende que han incurrido en «una conducta grave contraria al buen orden deportivo».
Las pruebas presentadas por Jessica Bedoya no dejan dudas, según la resolución, de que los hechos se produjeron tal y como la deportista relata. En concreto, hay dos que resultan clave para inculpar al técnico: los mensajes que envió por WhatsApp a la propia futbolista en los que reconocía haber actuado así y una entrevista concedida a un medio de comunicación en la que hacía lo propio. «El juez destaca que la manipulación fue reconocida por Pazó, que admitió los errores y habló de aprender de ellos y actuar dentro de la legalidad en el futuro», expone la exfisioterapeuta del club y también denunciante Paloma Díaz.
Pazó alegó que el uso de las fichas excedía sus competencias por ser responsabilidad del delegado, una función que, de hecho, también se considera probado que ejerció de manera fraudulenta en uno de los encuentros. El otro argumento que esgrimía era que en el proceso penal paralelo que se desarrolló, los hechos no fueron considerados constitutivos de delito. «A juicio del instructor no es relevante que no sea delito, porque no tienen que ver las consecuencias civiles o penales de su conducta con las disciplinarias en el ámbito deportivo», desgrana Díaz.
La resolución habla de «un propósito espurio de adulterar la competición» mediante el uso «fraudulento» de la ficha de Bedoya. El objetivo de esta infracción que se produjo en tres jornadas consecutivas en las que Ainhoa Galarza fue la futbolista alineada -y que incluso marcó un gol en uno de esos encuentros- cuando en el acta aparecía Bedoya fue evitar la acumulación de tarjetas de otra jugadora para evitar la sanción. El propio Pazó lo confirmó públicamente, destaca el documento. «El juez instructor no alberga la más mínima duda», llega a expresar.
Del mismo modo, se considera probado que Pazó ejerció como delegado sin tener la licencia correspondiente, así como que otro miembro del cuerpo técnico quebrantó una sanción para sentarse en el banquillo, figurando incluso en el acta del partido. Se desmonta, asimismo, el argumento del Olivo de indefensión por no conocer los hechos que se le imputaban, de los que «ya tuvo conocimiento a través del anterior expediente», recalca Díaz.
Como consecuencia de lo anterior, se reiteran las sanciones impuestas: suspensión de 18 meses a Pazó por tres infracciones graves cometidas de manera «consciente y voluntaria» y el descenso de dos categorías para el Olivo, además de una sanción de 1.000 euros por cada uno de los encuentros en los que se incumplió el reglamento, que se dan por perdidos. «Son los máximos castigos que se les pueden poner», recalca Díaz.
Las partes tienen 10 días para alegar y en caso de que Competición y Apelación validen la resolución, quedaría la vía del Tribunal Administrativo del Deporte. Este anuló el anterior expediente por una cuestión formal, pero reconociendo que Bedoya está legitimada para denunciar los hechos.