El Gobierno exime a Caballero de comparecer en el Parlamento gallego por O Marisquiño
VIGO
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, solicita un dictamen del Consejo de Estado al tiempo que defiende la autonomía municipal
29 ene 2019 . Actualizado a las 10:55 h.Los cargos locales no están obligados a comparecer en las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos. Así lo considera el Ministerio de Política Territorial, que ha solicitado al Consejo de Estado que emita un dictamen al respecto. La posición previa del departamento de Meritxell Batet, que acompaña un informe en su petición al Consejo, es que tanto Caballero como sus concejales (María José Caride espera el informe) están eximidos de tener que acudir al Parlamento gallego a dar explicaciones por el accidente de O Marisquiño. Ni el regidor ni sus ediles están obligados a hacerlo, entienden.
El Gobierno basa su postura en la autonomía local, conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, y señala que una comisión de investigación de un parlamento autonómico tiene «una naturaleza estrictamente política, que en modo alguno puede ser reputada o calificada como jurisdiccional». Esto concuerda con la tesis de Caballero, que ha denunciado en varias ocasiones que el PP impulsó una comisión por interés político y que sostienen que las responsabilidades de cada administración las dirime en realidad el juzgado que lleva el caso del siniestro en el que resultaron heridas 467 personas tras el hundimiento de un pantalán de madera durante un concierto.
El Gobierno central añade que requerir «la presencia de determinadas autoridades y funcionarios no puede considerarse ilimitado sino que habrá que ajustarse al ámbito propio de actuación de las instituciones autonómicas». Política Territorial señala que las entidades locales son uno de los principios fundamentales de un régimen democrático y que es ahí donde se puede ejercer de una forma más efectiva. «Conforme al régimen jurídico local básico, el pleno se ha configurado en nuestro modelo de Gobierno y Administración Local como el órgano de control político del ejecutivo municipal, pues son los miembros de una corporación local los que cuentan entre las funciones que pertenecen a su núcleo representativo, en todo caso con la de participar en la actividad de control del gobierno local», recoge el informe que acompaña la solicitud del dictamen del Consejo de Estado.
La comisión parlamentaria sobre O Marisquiño citó a Abel Caballero para que comparezca el próximo 19 de febrero, una cuestión que fue calificada por el concejal socialista Carlos López Font como «una grave interferencia a la autonomía local y está diseñada desde el puro partidismo político».
Hace unos días, el portavoz de la comisión, Alberto Pazos, acompañado por las diputadas populares Teresa Egerique y Marián García, alertaba de las consecuencias penales de no comparecer el alcalde vigués. Recordaba que, según el Código Penal, «aquellos que siendo requeridos de forma legal y bajo apercibimiento serán castigados como reos de delito de desobediencia», lo que conllevaría, según explicaba, una posible pena de inhabilitación de entre seis meses y dos años. El PP ha decidido preguntar en el Senado a la ministra Meritxell Batet por el informe pedido al Consejo de Estado.