HEMEROTECA | En septiembre de 1994, la Audiencia Nacional dictaba la sentencia de la primera operación contra el narcotráfico, dejando unas penas más bajas para los imputados de lo que había pedido la fiscalía
10 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia de la Operación Nécora, hecha pública el 27 de septiembre de 1994 por la Audiencia Nacional en Madrid, decepcionó a quienes esperaban un fallo ejemplarizante contra las redes del narcotráfico gallego. Los algo más de 300 años a los que fueron condenados 31 de los 47 procesados -casi la mitad de lo que solicitaba el ministerio fiscal- suscitaron reacciones de insatisfacción en toda la provincia de Pontevedra. El mayor rechazo llegó por las absoluciones inesperadas de Manuel Charlín o la condena por receptación y delito fiscal a Laureano Oubiña y su esposa.
Tanto el fiscal antidroga, Javier Zaragoza, como la Xunta anunciaban inmediatamente recursos contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. Zaragoza indicaba entonces que las condenas deberían haber sido más altas para algunos de los procesados. También el delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Carlos López Riaño, declaraba que esperaba un juicio procesalmente mejor construido y penas más severas.
Los colectivos populares de lucha contra el narcotráfico se expresaron con rabia e indignación por el fallo. Las madres contra la droga, que ya en la puerta de la Audiencia protagonizaron incidentes al conocer la decisión de la sala, señalaban: «Esto es una pantomima y no esperamos nada de la Justicia».
La Voz de Galicia recogía en el periódico del día siguiente las reacciones de algunos políticos municipales de la provincia. José Vázquez García, exalcalde de Vilanova, cargo que tuvo que abandonar, entre otras razones, por las amenazas y presiones de los narcótraficantes, manifestó que la sentencia «es impresentable y sorprendente» y que suponía una decepción para todo el pueblo gallego. Por su parte, el diputado del PSOE José Giráldez Maneiro manifestaba en nombre de su grupo que plantearía al Gobierno central la puesta en marcha del jurado popular «para evitar sentencias como la de la Nécora». «El sentimiento es de rabia e impotencia -dijo- y no se comprende cómo después de un trabajo intenso e importante hayamos acabado en esta sentencia testimonial». Giráldez, que perteneció a la comisión que estudió el impacto del narcotráfico en Galicia, señalaba que «el ciudadano no puede comprender que el patrimonio de Laureano Oubiña haya caído del cielo, o que, mientras Manuel Charlín es absuelto, un empleado suyo, Outón Caamaño, es condenado a 20 años».
Los colectivos de lucha contra el narcotráfico recibieron con «rabia, indignación e impotencia» el fallo judicial, como se expresaba Ramiro Garaboa, de la asociación Renacer, de Ribeira. Las Madres contra la Droga afirmaban que era «una pantomima» y que «no esperamos nada de la Justicia». Se preguntaban por qué si a un chico se le condena con muchos años de cárcel por estar en posesión de unas papelinas de estupefacientes, algunos procesados en este sumario son condenados tan solo a ocho años de prisión.
La Federación de APA de O Salnés solicitaba la incautación del Pazo de Baión, cuya propiedad se había atribuido al matrimonio Oubiña, como lugar idóneo para la instalación de la comunidad terapéutica de la comarca arousana.
Por su parte, la Asociación de Vecinos Albatros, de Vilagarcía, que asumió un papel estelar en la lucha contra el trapicheo de droga en las calles de la localidad, calificaba la sentencia de «chapuza nacional» y anunciaba que entregarían un escrito de protesta al rey, al presidente del Tribunal Constitucional y al ministro de Justicia.
Más moderado se mostró el alcalde de Vilagarcía. Javier Gago indicaba que «no debemos olvidar que estamos en un Estado de derecho donde unos magistrados, a la vista de la instrucción y de las pruebas aportadas, han dictado sentencia». Reconoció, no obstante, que el resultado del macrojuicio no era el que se esperaba, y calificó de «penoso» que haya habido condenas por delito fiscal en lugar de por narcotráfico.
Todas estas críticas estaban basadas en resoluciones como las absoluciones de Alfredo Cordero y Manuel Charlín, acusados como presuntos dirigentes de una organización a la que le habían sido incautados en distintas operaciones policiales más de 2.000 kilos de cocaína. Sin embargo, el colombiano Alberto Vargas y el español Antonio Cebollero que, según la acusación eran representantes de organizaciones colombianas que suministraban droga a los anteriores, fueron condenados a las penas que pedía para ellos el fiscal, 23 y 12 años de cárcel. Quince acusados fueron absueltos.
La Operación Nécora fue dirigida en 1990 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el fiscal Javier Zaragoza. Fue la primera operación realizada contra el narcotráfico en Galicia. El resultado judicial fue muy decepcionante para la opinión pública.