Los posibles inversores tendrán que aguardar a que se aclara la concesión del suelo
15 dic 2019 . Actualizado a las 21:56 h.El juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra con sede en Vigo ha suspendido el plan de liquidación de Factorías Vulcano tras haber sido recurrido por el Puerto, que quiere que no se subaste la concesión de terrenos portuarios que asciende a 30.000 metros cuadrados. El abogado del Estado ha ganado la batalla al administrador concursal y ha paralizado la venta de la unidad productiva que iba a producirse en el mes de enero. El juez ha reconocido su error al aplicar una ley y da la razón a la institución que preside Enrique López Veiga, que quiere utilizar los terrenos para que Termavi descargue contenedores.
En un auto fechado el 12 de diciembre, el juez acuerda «la suspensión del plan de liquidación en lo que se refiere a la venta de la unidad productiva». Esta decisión podrá ser revisada por la Audiencia Provincial a solicitud de parte mediante escrito presentado en el plazo de cinco días a partir de la notificación de esta resolución. Es decir, si alguno de los afectados por el plan de liquidación se considera perjudicado puede acudir a la Audiencia, que tendrá diez días para resolver. La decisión de esta no podrá ser apelada a una instancia superior, según establece el magistrado de lo mercantil.
El Puerto había recurrido el plan de liquidación pero el juzgado rechazó el recurso. Por eso, el 3 de diciembre el Puerto presentó un recurso de apelación contra el mismo juzgado que sí ha sido admitido. Exactamente el Puerto solicitó «la adopción de media cautelar de prohibición de enajenar la concesión administrativa de la que era titular el Puerto de Vigo. El 11 de diciembre la Agencia Tributaria también pidió la suspensión de la venta de los terrenos y otros activos. De este modo Vicalsa y otros posibles interesados tendrán que esperar a que se aclare la situación de los terrenos.
En un primer momento, el juzgado había rechazado el recurso del Puerto basándose en la Ley de Contratos del Sector Público. En la apelación, el abogado del Estado dice que «las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público se rigen por su legislación específica y no por la Ley de Contratos del Sector Público. El Puerto recalca que las concesiones «no son contratos del sector público».
En su apelación, el letrado del Estado que representa a la Autoridad Portuaria recuerda con claridad que «las autorizaciones y concesiones se extinguirán por disolución o extinción de la sociedad, salvo en los supuestos de fusión o escisión». Es decir, si desaparece Vulcano acaba la concesión otorgada en el año 2009 hasta el 2027.
El abogado del Estado recuerda que el juzgado acordó el 3 de julio abrir la fase de liquidación en el presente concurso. «Es obvio que desde dicho instante Factorías Vulcano quedó disuelta, lo que por otra parte ya se declaraba expresamente en esa misma resolución judicial. Y tal decisión comportó pues, la extinción ex lege (por ley) de la concesión».
El abogado insiste en que una sociedad disuelta no puede ser titular de una concesión administrativa sobre el dominio público portuario: «Una sociedad disuelta solo subsiste, como patrimonio, a los estrictos efectos de su liquidación». Siguiendo con la argumentación ante el juez, el abogado destaca que la Autoridad Portuaria, como gestor del dominio público portuario, no extingue la concesión de la concursada puesto que esta ya se ha producido por ley sino que se «limita a declarar una extinción ya producida por su disolución (la de Vulcano). «Y ese es precisamente el único propósito del expediente administrativo incoado al efecto».
La semana entrante va a ser decisiva para el futuro del naval y del Puerto. El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Vega tiene previsto recibir este lunes a los trabajadores de Vulcano y a los líderes de Comisiones Obreras que les apoyan. Intentaron que les recibiese el pasado viernes pero López Veiga se encontraba fuera. En esta reunión ambas partes expondrán sus argumentos sobre lo que se debe hacer con la concesión portuaria que ocupa actualmente el astillero. El presidente del Puerto quiere recuperar la concesión para no tener las manos atadas con ninguna empresa que pueda llegar y ocupar los terrenos hasta el 2027. Por eso quiere que no se subasten. Pero su postura no es la única en la Administración del Estado, la Agencia Tributaria, también ha pedido al juzgado que paralice la enajenación del suelo. Es decir hay dos instituciones, una gobernada por un representante del PP y otra dirigida por el PSOE que están de acuerdo en paralizar el plan de liquidación.
Los trabajadores en la reunión del lunes van a pedir poder asistir al consejo de administración del próximo viernes. Quieren que en el seno de este consejo cada uno de los consejeros se retrate. La Xunta espera que continúe la actividad industrial, de lo contrario el cierre definitivo de un astillero perjudicaría la imagen de su gestión en el puerto y en el ámbito económico. Y, mientras tanto, Yolanda Díaz, de Galicia en Común, y que suena como ministra, azuza al Gobierno para que respalde al naval.