El Concello debía 171.000 euros de un semestre a la Xunta tras pedir revocar el convenio
19 feb 2020 . Actualizado a las 20:53 h.Muchos críticos creen que la política social es la pata coja del gobierno de Abel Caballero. Ahora, un tribunal le obliga a cofinanciar los gastos de varios centros de día para mayores y las escuelas infantiles de titularidad autonómica. La sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado la pretensión del Concello de Vigo de eludir los gastos de tres centros de día en Vigo y las escuelas infantiles de la red autonómica (A Galiña Azul) tras haber firmado un convenio con la Xunta hace trece años.
Dejó a deber 171.250 euros en liquidaciones pendientes del primer semestre del 2017 con la excusa de que se veía liberado de su compromiso tras entrar en vigor una nueva ley del 2013. No se sentía obligado a entregar esas prestaciones pues interpretaba que debía asumirlas la comunidad autónoma. Además, en Vigo sospechaban que la Xunta se había inventado una fórmula para obtener un ingreso no previsto. Por contra, el Tribunal Superior ve «radical» la interpretación del Concello y replica que el espíritu de la nueva ley es articular una fórmula que determine la contribución de cada administración en la prestación de servicios con modelos de cooperación interadministrativa.
Todo empezó en el 2007, cuando el Concello se incorporó al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar y le cedió gratuitamente terrenos para construir los centros de día para mayores, en la avenida Dona Fermina y en Valadares, y escuelas infantiles, en la rúa O Grove, así como pagar 1,4 millones de euros a lo largo de varios ejercicios. El consorcio se hacía cargo del equipamiento y funcionamiento y el Concello asumió un tercio de los gastos. En el 2017, el Concello de Vigo requirió la revocación de las liquidaciones correspondientes al primer semestre de los centros de día de Teis, Coia y Valadares por 35.000, 86.250 y 50.000 euros, respectivamente, que fueron aprobados en el 2017. El Concello, tras aportar 1,45 millones, sostuvo que tal convenio quedó sin efecto a finales del 2014, escudándose en el artículo 25.2 de la Ley 27/2013, que reducía de manera drástica la competencia municipal respecto a los servicios sociales. Por ello, no se veía obligado a prestar servicios ni a hacer las liquidaciones porque hacer lo contrario le obligaría a sufragar servicios de competencia de la comunidad autónoma, lo que vulneraba la normativa estatal en materia de régimen local y la regulación autonómica de servicios sociales y la autonomía local en su vertiente financiera.
La Xunta recordó que el Concello guardó silencio cuando le giraron las obligaciones pendientes, pues estaba en el consorcio que desarrolla tanto los programas Xantar na Casa como el centro de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género.
El Tribunal Superior calificó la interpretación del Concello de Vigo de «básica» y «radical» y rechazó dejar sin efecto el convenio y las liquidaciones. Ve la argumentación viguesa demasiado «literal» pues hubo posteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto al alcance de la ley. «Es claro que la competencia en materia de servicios sociales fue asumida en exclusiva por la Comunidad Autónoma y la Ley 27 /2013 atribuye claramente a los entes locales los servicios sociales comunitarios, tanto básicos como específicos. En Galicia, la atribución a los municipios de la prestación de servicios sociales resulta clara», afirma el tribunal.
Pionera según la Xunta, inconstitucional para Caballero
En la Xunta valoran esta «sentencia pionera» que «avala» su postura respecto a la cofinanciación de los centros que gestiona el Consorcio, por cuanto sienta «un precedente fundamental».
No obstante, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que recurrirá también ante los tribunales la cofinanciación de escuelas infantiles competencia de la Xunta, al juzgar este sistema «inconstitucional».
Segundo varapalo judicial a Caballero en 14 días, tras el bonobús de Redondela
En dos semanas, el Concello de Vigo ha recibido dos varapalos judiciales. El día 5, el Tribunal Superior avaló las pretensiones del ayuntamiento de Redondela para que sus vecinos disfrutasen de los descuentos del bonobús o tarjeta Pass Vigo. Los redondelanos alegaron que Vigo, al negárselo, rompía el principio de igualdad al discriminar a los parroquianos de Chapela, usuarios de la línea C3 de Vitrasa desde 1991. El juez de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo le dio la razón a Redondela por existir tal convenio. Curiosamente, una semana después, otro juez avaló a Caballero y negó a Mos el bonobús por falta de legitimidad para pedirlo.