Reclama 22.000 euros en derechos de autor desde el año 2011
21 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) lleva al Concello de A Cañiza al juzgado por no haber pagado actuaciones y representaciones culturales desde el 7 de agosto del 2011. El alcalde, Luis Piña, ha de presentarse el próximo martes en Juzgado número 2 de Pontevedra como representante de la administración municipal. La SGAE le reclama por vía judicial un total de 22.000 euros por considerar que el Concello de A Cañiza utilizó en numerosos actos de comunicación pública el repertorio de obras musicales, teatrales y cinematográficas que administra sin pedir autorización previa ni abonar los derechos de autor que gestiona la entidad.
El monto total que le reclaman al Concello cañicense contempla un total de 76 actividades facturadas relativas a 36 conciertos musicales que, dentro de sus tarifas incluyen los pagos a la SGAE y otras 16 con tarifa fija que suman 6.251 euros en derechos de autor. Pero también aplica el mismo cociente a otras actividades «que no fueron informadas por el Concello desde el año 2014». En este apartado sitúa 15.675 euros en concepto de actividades «sin cuantificar, que la SGAE estima como cantidades sustitutivas en eventos cuyas tarifas están sujetas a presupuesto de gasto y que no fueron informados».
Por todo ello, el Concello tienen abiertas diligencias previas en el Juzgado número 2 de Pontevedra e impuesta una demanda que se notificó el 15 de septiembre y que, según indica el gobierno local, «se suma a los problemas económicos que, a día de hoxe, asfixian ao Concello». Según las cuentas hechas públicas por el gobierno local, el regidor socialista se encontró en junio con que el Ayuntamiento acumulaba una deuda de 3,5 millones. Es decir, casi todo su presupuesto (que ronda los 3,8 millones), entre facturas sin pagar y deudas con las entidades financieras.
La demanda es similar a la que la SGAE presentó en su día contra el Concello de Ponteareas, al que la justicia le obligó a pagar más de 37.506 euros. La condena derivó de una reclamación idéntica por la reproducción no autorizada de obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual, especialmente por la actuación de las orquestas en verbenas y fiestas y por la interpretación de obras de teatro.