La Fiscalía investiga a once personas en Vigo por abrir un vial ilegal a una urbanización en Cabo Estai
VIGO
Hay dos ingenieros del departamento municipal de Urbanismo bajo sospecha: uno promotor y otro que informó a favor
01 abr 2023 . Actualizado a las 01:08 h.La Fiscalía del área de medio ambiente de Vigo ha abierto una investigación penal por la apertura de un vial en un espacio protegido de Cabo Estai. La carretera asfaltada que llega hasta las rocas del mar servirá para dar acceso a una futura urbanización de seis viviendas de lujo que el Concello ha comenzado a autorizar. Hay once personas que están bajo sospecha por haber cometido delitos urbanísticos y de prevaricación. Entre ellos, se encuentra un ingeniero de la Gerencia de Urbanismo, que es uno de los seis hermanos propietarios de la parcela que promueven las obras que se encuentran bajo sospecha.
Además, hay otro empleado municipal del mismo departamento de Urbanismo, un ingeniero técnico de obras, que estaría implicado en la concesión de la licencia presuntamente irregular que dio apariencia de legalidad a la obra. Los agentes sospechan que silenció infracciones que hicieron posible la obra. Los agentes del Seprona de la Guardia Civil consideran a este último supuesto autor de un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación. Presuntamente, emitió informes favorables para la construcción de la carretera, pese a ser contraria al planeamiento urbanístico.
También están siendo investigados dos arquitectos como autores del proyecto y directores de las obras. Otro de los imputados en el caso es responsable de la empresa constructora que llevó a cabo la ejecución material del proyecto. Casualmente, este empresario fue uno de los que resultaron condenados como consecuencia de las investigaciones que se llevaron a cabo en el marco de la Operación Patos.
El vial polémico ocupa una superficie de más de 700 metros cuadrados de zona de servidumbre de protección y tránsito del dominio público marítimo terrestre. Cerca de 500 metros cuadrados se encuentran dentro del suelo urbano y se trata de un vial que no está contemplado en el planeamiento de Vigo.
Posible querella
Se trata de una investigación que se encuentra ya avanzada. La Guardia Civil ha realizado las indagaciones bajo las indicaciones de la fiscal jefe de Medio Ambiente. Con los datos recabados, podría formular una querella y abrirse una instrucción judicial en la que los investigados tendrían la oportunidad de defenderse con abogados ante un juez, que podría dictar un auto de apertura de juicio si observa indicios de la comisión de uno o de varios delitos. Es a partir de ese momento cuando el Ministerio Público presenta su escrito de acusación.
El objetivo de la familia propietaria es la construcción de una urbanización de seis viviendas en la última parcela que queda libre en la calle Arquitecto Cominges. Antiguamente, en este lugar había una casa barco, que se había instalado el padre de ellos en los años 70. Posteriormente, se construyó en la misma una gran vivienda con forma triangular. La nueva urbanización proyectada contemplaría la demolición de dicha vivienda para dar cabida a las nuevas construcciones. La parcela matriz cuenta con una superficie de 7.000 metros cuadrados. No tenía acceso a una vía pública, por lo que no podía ser edificable. Los vecinos denuncian que se usurparon terrenos para construir el vial, escriturados en una notaría de A Cañiza, cedido en escritura pública al Concello. En el inventario de bienes municipales que el Concello hizo público, no figura esta carretera como pública por lo que, desde la asociación de vecinos de San Miguel de Oia, consideran que las licencias concedidas en este ámbito serían nulas de pleno derecho.
Según le consta a la Xunta de Galicia, el Concello otorgó una licencia en agosto de 2021 para la construcción de una vivienda unifamiliar con piscina en una de las parcelas.
Una carretera polémica que la Xunta expedientó
La lengua de asfalto que parte del final de la calle Arquitecto Cominges hasta las rocas del mar generó gran polémica el año pasado. Colectivos ecologistas protagonizaron una manifestación para mostrar su repulsa contra la apertura del vial y los proyectos de urbanización de chalés de superlujo autorizados en la zona.
La asociación de vecinos de San Miguel de Oia denunció que para hacer la carretera se usurparon propiedades privadas. La Axencia de Protección de la Legalidade Urbanística abrió un expediente sancionador después de que uno de sus técnicos comprobara que las obras realizadas no coincidían con el proyecto autorizado. La conclusión a la que llegó el funcionario es que los trabajos realizados constituyen una infracción grave, consistente en la realización de construcciones no autorizadas en una zona de servidumbre de protección.
La investigación se dirige contra siete miembros de una misma familia, un constructor y tres técnicos directores de obras por los trabajos realizados en la zona protegida. Es una construcción realizada «sen axustarse á autorización autonómica concedida, consistentes en urbanización e apertura de vial no lugar de Cabo Estai», según el expediente sancionador. La investigación detectó irregularidades en las obras, que actualmente se encuentran paralizadas, si bien ya avanzaron en un 97 %. Pese a estar cerrado al tráfico rodado, decenas de personas utilizan a diario el vial para pasear.