La concesionaria del Cunqueiro abandona la guerra judicial constante con el Sergas

Ángel Paniagua Pérez
Ángel Paniagua VIGO / LA VOZ

VIGO

Un Spiderman se acerca a las ventanas del área de pediatría del Cunqueiro, en una actividad para animar a los niños hospitalizados
Un Spiderman se acerca a las ventanas del área de pediatría del Cunqueiro, en una actividad para animar a los niños hospitalizados XOAN CARLOS GIL

Renuncia a presentar más demandas ante sus diferencias, como hasta ahora

16 sep 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta experimentó con la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro un modelo que nunca se había usado en Galicia: la colaboración público-privada. El Sergas encargó a una empresa que construyese el centro sanitario a cambio de pagárselo en los veinte años siguientes; la empresa se ocuparía también de gestionar los servicios no clínicos y las explotaciones comerciales. Desde que el hospital de Vigo abrió, la relación entre el Servizo Galego de Saúde y la concesionaria del Cunqueiro ha estado marcada por una batalla judicial en la que se ha pleiteado por casi todo.

Pero la concesionaria, una unión de empresas que en este momento controla el fondo de inversión francés Meridiam, ha decidido poner fin a esa guerra judicial. Fuentes de la compañía explican que Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo ha decidido no poner más pleitos contra el Sergas porque su vocación no es vender y marcharse, sino quedarse hasta el fin de la concesión, en el año 2035. En este momento solo quedan activos dos recursos de casación ante el Tribunal Supremo. En todos los demás no se ha seguido litigando.

Y eran muchos. Una decena de grandes temas llegaron a estar denunciados a la vez. La concesionaria y la Xunta pleitearon por la actualización del canon anual, por los precios de la cafetería, por el número de menús que se deben servir a los pacientes, por quién hace el mantenimiento de las camas, por si se pusieron todos los muebles que se contrataron, por quién pagaba los descuentos en el párking. Entre muchos otros.

Ya no. El año pasado, en cuanto Meridiam se hizo con el control del hospital, el director general de su filial española, Infra Invest, Francisco Vique, avanzó en una entrevista en La Voz su voluntad de reconducir su situación: «Ya hemos expresado a la Xunta nuestra intención de llegar a acuerdos para cerrar de la mejor manera los temas abiertos y nuestra disposición a mejorar la comunicación y la flexibilidad de cara a evitar que vuelvan a generarse nuevas controversias».

Fuentes de la empresa confirman que esa estrategia ya se está aplicando y que no hay nuevos recursos abiertos en aspectos relacionados con el contrato entre las dos partes. Las cuentas del año pasado de la compañía dicen que la concesionaria y el Sergas han «trabajado conjuntamente» para reducir los litigios y han cerrado discrepancias.

La decisión tiene calado. La concesionaria del hospital de Vigo es uno de los principales proveedores del Sergas; actualmente le paga 81,4 millones al año. El Gobierno gallego, presidido por Alberto Núñez Feijoo, recibió muchas críticas políticas por elegir este modelo para el Cunqueiro, que nunca se había utilizado en Galicia, aunque sí en otras comunidades. Además, la puesta en marcha del hospital fue problemática y derivó en el relevo de la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera. Y para rematarlo, desde la apertura se han sucedido los conflictos judiciales. Con esos precedentes, el PP ha optado por no repetir el modelo público-privado en los nuevos hospitales de A Coruña y Pontevedra.

Los dos recursos que están pendientes

Uno de los dos últimos pleitos que están vivos en el Tribunal Supremo, a través de un recurso de casación, es uno en el que la concesionaria pide al Sergas que le compense por la actividad del hospital entre finales de junio y finales de septiembre del 2015. Fueron los meses de la puesta en marcha del Cunqueiro, en los que el hospital fue asumiendo consultas, ingresos, operaciones y pruebas paulatinamente. El Sergas no pagó nada a la concesionaria. El Superior gallego ha dado la razón a la Xunta.

También se tiene que resolver el asunto del IBI. Estaba previsto que la concesionaria no lo pagase y el Concello cambió su propia normativa para obligarle. Es un millón de euros al año. La sociedad no quiere abonarlo entero.