Se trata de «cooperativistas» de Servicarne que aún no habían ido a juicio
07 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Ellos eran los riders de la industria cárnica porriñesa, medio millar de falsos autónomos o empleados fantasma que trabajaban a destajo pero sin derechos y con bajos salarios. Teóricamente, eran socios de una cooperativa que tenían como mejor cliente a un matadero y frigorífico de A Louriña, que era el que marcaba la cantidad de piezas o kilogramos de carne que debían ser producidas. La cooperativa era un «ropaje jurídico» y una «pantalla» para encubrir una auténtica relación laboral. Tales socios trabajadores tenían sus derechos laborales limitados, debían hacer ampliaciones de jornada hasta que terminase la producción diaria sin cobrar horas extra, con ritmos abusivos, menor sueldo, a destajo, y con inferior protección y prestaciones sociales. Eran «trabajadores de segunda», como recoge una reciente sentencia, para los que se normalizó el «abuso ante la necesidad de trabajo». Esta plantilla fantasma trabajaba en condiciones «penosas, inferiores e indignas» para abaratar costes y eludir las responsabilidades laborales, preventivas y de seguridad social de la empresa matriz.
Fue un «claro fraude de ley» como sostiene el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, en una sentencia de junio que sale ahora a la luz. El juez estima la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra Industrias Frigoríficas del Louro SA (Frigolouro, actualmente del grupo Coren) y reconoce que su relación es de carácter laboral con 263 falsos autónomos o falsos cooperativistas que aún no habían presentado demanda. Otros 250 sí lo hicieron.
El pleito fue iniciado de oficio el 30 de julio del 2018 por la TGSS y secundado por la Federación de Industrias de CCOO. La inspección acusaba a Frigolouro de no haber dado de alta a los trabajadores ni cotizar por ellos. La empresa alegó que, en realidad, esos trabajadores eran socios cooperativistas de Servicarne SC, con quien concertó un contrato de naturaleza mercantil para la prestación de servicios entre ambas y esos empleados operaban bajo la dirección de su cooperativa. Servicarne fue fundada en 1977 pero hasta marzo del 2017 estuvo registrada en la Generalitat de Catalunya a pesar de que su actividad y sus socios estaban fuera de dicha comunidad autónoma. Fue a partir del 2017 cuando se registró como sociedad cooperativa. En el 2018, contaba con 5.285 socios que pagaban una cuota inicial de 91 euros y 50 euros al mes, de la que estaban exentos los jefes de equipo o coordinadores. Cada año se daban de baja un 36 % de socios y se renovaba con otro 30 %. En el 2015, contaba con 31.332 socios.
El juez vio constatado que en la relación existente entre los socios de Servicarne e Industrias Frigoríficas del Louro concurren las notas de ajeneidad, dependencia y retribución que caracteriza al contrato por cuenta ajena porque los servicios se han prestado dentro del ámbito de organización y dirección de la frigorífica porriñesa. Nadie pedía su opinión ni consultaba a los socios sobre las tareas a realizar, ni los ritmos de trabajo ni el reparto de beneficios. Si asistían a la asamblea general perdían un día de salario. El consejo rector estaba formado por los jefes de equipo. Recibían una nómina al mes sin detallar trabajo ni horas.
«El resultado del fraude de ley descrito es la aplicación de la norma que se ha tratado de eludir y, por tanto, los trabajadores afectados, mal llamados socios de la cooperativa que prestan sus servicios en la empresa Industrias Frigoríficas del Louro SA deberán estar incluidos obligatoriamente en el ámbito de la aplicación del Régimen General de la Seguridad Social», afirma. Da total credibilidad a las actas de los inspectores laborales. «Nos encontramos ante un verdadero contrato laboral entre los trabajadores que forman parte de la cooperativa de Servicarne y Frigolouro, que es quién actúa como verdadero empresario», añade el magistrado. Recuerda que la frigorífica es la que asume los riesgos de las operaciones y coloca su estructura completa al servicio de los trabajos y los «teóricos socios trabajadores».