Otras dos mujeres, de Rumanía y Colombia, alternaban sin seguridad social
13 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El club de alterne Falcon Crest, en O Porriño, estaba en el punto de mira de la Policía Nacional desde hacía tiempo. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) tenía información sobre mujeres que ejercían la prostitución en las instalaciones de este local sin tener ni el permiso de residencia. El 26 de octubre del 2018 se realizó una inspección que confirmó hasta la última sospecha. En el local de alterne trabajaban 11 mujeres procedentes de Brasil que no tenían permiso de residencia en España, y por lo tanto tampoco podían trabajar al no estar dadas de alta en la Seguridad Social.
Pero el responsable del club, un hombre nacido en Bulgaria en 1982, las hacía trabajar sin que la falta de documentación supusiera un problema. A mayores, en el club de alterne trabajaban otras dos mujeres procedentes de Colombia y Rumanía que sí tenían permiso de residencia, pero el gerente búlgaro del club no consideró necesario darlas de alta en la Seguridad Social.
El resultado de aquella inspección de la Policía Nacional hace seis años en O Porriño llega ahora a juicio. La vista está señalada para el martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra. El ciudadano búlgaro se enfrenta a una petición de cárcel planteada por la Fiscalía de dos años y tres meses por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores. También se solicita cárcel para una mujer de Paraguay por ser cómplice del gerente búlgaro del Falcon Crest. Dicha mujer figura además entre las que se prostituían a pesar de no tener los papeles en regla para residir en el país. La Fiscalía pide igualmente que la sociedad mercantil de restauración propietaria del club Falcon Crest no pueda dedicarse durante cinco años a actividades de restauración, hostelería y local de copas.
Pero la historia real detrás del club Falcon Crest ya viene de lejos, sobre todo para la Policía Nacional. La persona que realmente figura al frente de la sociedad mercantil propietaria del club es un hombre de nacionalidad rumana que está fugado, y declarado en rebeldía, desde hace unos años. Se lo tragó la tierra y en su lugar se situó el ciudadano búlgaro que dio trabajo de prostitutas a mujeres extranjeras sin la documentación en regla. Pero el ciudadano rumano dejó todo preparado antes de esfumarse para que el hombre procedente de Bulgaria asumiera las riendas del negocio legítimamente. El traspaso de poderes se oficializó en escritura notarial en agosto del 2017. 14 meses después, la Ucrif hizo acto de presencia en el club para aflorar las irregularidades que serán juzgadas la próxima semana en la Audiencia. El local permaneció cerrado por orden judicial desde abril del 2019 hasta julio del 2020.
Aquella inspección de la Ucrif se enmarcó dentro de la denominada como operación Andrómeda contra la trata de seres humanos, y se saldó con cinco detenidos en el sur de Galicia por regentar otros clubes de alterne en Vigo y otras localidades. El objetivo era aclarar si varias trabajadoras de los locales eran, supuestamente, obligadas a prostituirse tras ser captadas en Latinoamérica.
La investigación comenzó a principios del 2018 al descubrirse que en varios locales del sur de Galicia podía haber mujeres que estaban siendo coaccionadas para ejercer la prostitución. Tras hacer un seguimiento a los encargados de estos locales corroboraron que estos, supuestamente, ejercían un férreo control sobre las mujeres que allí trabajan. Los jefes de los establecimientos investigados niegan los cargos.