La Fiscalía Antidroga baja de 13 años a seis y medio la petición de cárcel para los tripulantes del narcobuque Karar

J. R. VIGO / LA VOZ

VIGO

Pablo Varela, actual responsable de la Fiscalía en la provincia, era fiscal antidroga en el 2020 cuando se arrestó a los procesados.
Pablo Varela, actual responsable de la Fiscalía en la provincia, era fiscal antidroga en el 2020 cuando se arrestó a los procesados. JAVIER TENIENTE

Mantiene las las penas propuestas al resto de acusados de tráfico de drogas y, en algunos casos, blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico; Varela reprochó que las defensas trataron de que «no fuera un juicio a los 28 procesados», sino a la actuación «policial»

12 feb 2025 . Actualizado a las 15:55 h.

El juicio por el alijo de 3.824 kilos de cocaína decomisado en abril del 2020 a bordo del remolcador Karar entró este miércoles, diez meses después de iniciarse en la Cidade da Xustiza de Vigo, en su epílogo con la exposición de las conclusiones de la Fiscalía Antidroga. Entre los 28 procesados hay doce gallegos, nueve de Nepal, cinco de Bangladés, uno de Colombia y otro de Uruguay, aunque con domicilio en Galicia. Lo más destacado del planteamiento final del Ministerio Público es que rebaja a siete años y medio sus peticiones de condena para los tripulantes del buque.

Los letrados de estos acusados concretos ?todos extranjeros menos uno, que es gallego-- se adhirieron a las modificaciones propuestas por el fiscal, que ha reducido la petición de condena para ellos de 13 años y medio a siete y medio. Los mismos abogados solicitaron que se rebaje a seis años y un día por dilaciones indebidas y, como cuatro ya los cumplieron en prisión preventiva, reclaman la sustitución de los dos años de cárcel restantes por la expulsión del país y que la sentencia sea firme cuanto antes para agilizar el proceso de regreso a sus respectivos países.

La Fiscalía mantiene la petición de 18 años de prisión y multa de 438 millones de euros para el considerado responsable de la trama en tierra, Juan Carlos Santórum; acusado de organizar la salida en planeadora al Atlántico para recoger el alijo del el Karar. Para el resto de procesados, la Fiscalía pide 13 años y medio de prisión y dos multas de 400 millones de euros, salvo para un funcionario de Vigilancia Aduanera al que sorprendieron con 368.000 euros en dos bolsas de plástico en Madrid y la mujer de éste. En ambos casos, la Fiscalía requiere otros seis años de cárcel y una multa de 1,47 millones por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

La defensa del principal acusado, Santórum, y de otros procesados mantuvo la petición de libre absolución de sus patrocinados alegando que se rompió la cadena de custodia y que se vulneraron garantías como el derecho de defensa. También pidió que su representado sea absuelto la abogada del colombiano René R.R., que fue detenido en Madrid meses después de la intervención del Karar. Según ella, no se acreditó la relación de su defendido con el Karar ni las sustancias que iban dentro, al tiempo que ha pedido que ninguna de las escuchas practicadas constituyan prueba de cargo. Subsidiariamente, ha pedido que se le aplique a René R.R. una pena de 3 años de prisión por un delito contra salud pública sin extrema gravedad, sin participación en grupo criminal y con la atenuante de dilaciones. También reclamaron demoras injustificadas los abogados de Fidel F.B. y Braulio V.V.

Ante las solicitudes de dilaciones indebidas, el fiscal, Pablo Varela, manifestó que son «inadmisibles» y recordó que los hechos tuvieron lugar en 2020, la primera sesión fue el 15 de diciembre de 2023 para plantear cuestiones previas y en tres años se estaba celebrando el juicio oral. Asimismo, Varela considera probado que todos los detenidos en tierra formaban parte de una estructura criminal organizada y eran destinatarios efectivos de cargamentos como este del Karar. En ese grupo incluyó a colaboradores esenciales para poder desarrollar la actividad como Fidel F.B., con una empresa de construcción de embarcaciones.

Varela reprochó que las defensas trataron de que «no fuera un juicio a los 28 procesados», sino a la actuación «policial», y aseguró que el juicio ha servido para demostrar que «no se actuaba a capricho» y ha avalado cada «auto judicial» y los informes de la Fiscalía.