La Fiscalía pide absolver a 25 okupas del edificio incendiado donde murieron una mujer y sus tres hijos en Vigo, pero el dueño les reclama 25.000 euros
VIGO
El viudo de la víctima mortal: «Entré porque la puerta estaba abierta de par en par, la casa no era habitable, no había agua ni luz»
02 abr 2025 . Actualizado a las 00:06 h.La Fiscalía ha solicitado la absolución de los 25 okupas denunciados que han sido juzgados esta mañana en Vigo por la ocupación ilegal de los números 4 y 6 de la calle Alfonso X el Sabio. Se trata del edificio que ardió el 10 de octubre del 2023 y el que murió una madre y tres de sus hijos.
La Fiscalía indica que no está acreditado que hubiese voluntad de permanencia. Nadie se puso en contacto de los residentes ilegales para solicitarles el desalojo y algunos denunciados estaban allí de visita. No da por acreditada la voluntad contraria a la ocupación, que debe ser expresa y en este caso el propietario admitió en el juicio que no envió un requerimiento para solicitar el desalojo. Además, el edificio ahora está vacío.
La acusación particular pidió la condena de todos los denunciados, a excepción del viudo de la mujer fallecida en el incendio, Emilio Barrull. Propone que paguen una multa de cinco meses a 5 euros (750 euros) y que se confirme la posesión de la vivienda para el legítimo dueño. Pide que se les condene a pagar 25.00 euros por la limpieza.
Del total de 25 denunciados, comparecieron una quincena en el juicio. Hay otro en busqueda y otros dos no fueron notificados. Uno declaró por videoconferencia. También acudierom con un bebé al juicio.
El juicio se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo en la macrosala de la Cidade da Xustiza. La comunidad de bienes, compuesta por 27 propietarios, reclama 25.000 euros por la factura de la limpieza del edificio posterior al incendio y que los abogados de los denunciados impugnan.
Tanto el administrador de la comunidad de bienes como el representante legal admiten que nunca entraron dentro del edificio porque era «peligroso». No conocen ni hablaron con ninguno de los residentes. La comunidad había efectuado previamente dos denuncias.
Los acusados dicen que estaban de visita, o entraron a vivir un mes antes o guardaron silencio.
El viudo, Emilio Barrull, contó en el juicio que vivía con su mujer y cuatro hijos desde el verano del 2023 en el cuarto piso. «La puerta estaba abierta de par en par, no tenía cerraduras, tuve que reformar el piso y me gasté mucho dinero en ponerlo en condiciones», explicó a la Fiscalía. Dijo que nadie habló con ellos para pedirles que se marchasen de la vivienda y que solo conocía de vista al dueño. Según su versión, le pidió a un administrador que les pusiese agua ni luz, pero sin éxito. «La casa no era habitable, tuve que trabajar en el piso y ponerlo en condiciones. No tenía luz ni agua», declaró. Entonces, él cobraba el mínimo vital. Cobra ahora 700 euros por su trabajo y vive con sus padres.
Otra residente, identificada tras el desalojo, explicó que ella no residía en la vivienda sino que fue a visitar a su padre, que padece un ictus. Trabaja y cobra 750 euros.
Otro denunciado alegó que estaba aquella noche en el edificio porque fue a ver al padre de su novia pero él vivía en otra calle.
Otro dijo supuesto okupa que era amigo de una residente a la que fue a visitar. En aquel entonces, vivía en Ourense. Cobra un subsidio.
Una mujer contó que vivía en el segundo piso con su marido, su suegra y tres hijos desde un mes antes del incendio. «Le dábamos 200 euros a un tal Johny, el cual vivía allí y me dio llave, no forzamos la puerta. Había agua y luz» , pero no sabe si el suministro eléctrico estaba puenteado. «Cuando entramos en el piso, estaba hecho una selva», dijo.
Pensaban que estaban legítimamente en la vivienda, ningún propietario les dijo que se marchasen. Tras el incendio, perdieron muchos enseres que quedaron dentro.
Varias denunciados guardaron silencio.
Una joven aseguró que «me instalé directamente allí porque mi madre vivía allí. En ese año, en verano del 2023, volví de Huelva. Allí vivían mis hermanos y mi padrastro». Asegura que nadie les requirió para el desalojo.
Otro afectado, que tiene discapacidad y cobra un subsidio de 510 euros, contó que un marroquí «me dio una llave por 500 euros, yo ya sabía que él no era el propietario, se marchó, me dio la llave y le pagué en efectivo al entrar en la vivienda. Ningún propietario ni la policía vinieron a hablar conmigo». Admitió que las cinco plantas estaban ocupadas. Ahora vive con su familia.