Sin contrato ni papeles, muchos inmigrantes sufren alquileres abusivos y listas de espera
06 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Si ya es difícil para un ciudadano nacido en Vigo independizarse y acceder a una vivienda, todavía lo es más para los inmigrantes que aún no han terminado de regularizar su situación. La consecuencia es que hay propietarios o arrendatarios que se aprovechan de la situación y ponen unos precios estratosféricos por compartir una vivienda. «Nos llegó el caso de una madre con un hijo de 23 años y pagan en una habitación 500 euros, en un piso compartido». La escena la describe Yesenia Alfaro orientadora de la ONG Vida Digna. Es uno de los muchos casos que han llegado a esta organización. El testimonio ilustra una de las consecuencias más duras del nuevo reglamento de Extranjería que entra en vigor el 20 de mayo: la precariedad en la que quedarán atrapadas cientos de personas, muchas de ellas ya integradas, con empleo y vivienda, pero sin margen para regularizar su situación.
«Nosotros recibimos alrededor de 30 personas cada mañana», explica. «Hace poco supimos de una pareja que están dentro del proceso de protección internacional. Ya llevan dos años, más o menos, tienen su tarjeta roja, están trabajando los dos. La chica tiene un muy buen empleo, el chico también trabaja, están bien, están con su familia… y resulta que ahora lo que les están aconsejando es que tienen que salirse del proceso del asilo para poder solicitar un arraigo por formación que no les da permiso de trabajar».
La clave está en ese punto: el arraigo por formación. Es la única vía que queda para quienes quieren evitar quedarse en situación irregular si se les deniega el asilo tras el 20 de mayo. Pero es un camino lleno de obstáculos. «Tienen una incertidumbre de si renuncian al asilo, pierden el tiempo que ya llevan acumulado para poder solicitar otro tipo de arraigo. Y si les niegan el asilo, pierden todo el tiempo», dice Yesenia.
El reglamento establece que a partir del 20 de mayo, si una persona recibe una denegación de asilo, ya no podrá acogerse a otras fórmulas de regularización. Deberá esperar dos años en situación irregular antes de iniciar un nuevo trámite.
El problema es que muchas de esas personas ya estaban trabajando. Con el nuevo reglamento, si quieren evitar el limbo legal, deben renunciar voluntariamente al asilo antes de que se lo denieguen. A cambio, pueden acceder al arraigo por formación, que exige inscribirse en un curso, acreditar medios económicos y, salvo excepciones muy limitadas, no permite trabajar mientras dura la formación. «Es una situación muy preocupante porque estas personas, la mayoría, están anhelando poder empezar a trabajar para poder tener un acceso a una vivienda, para poder empezar a hacer su vida», alerta la orientadora.
El impacto sobre el acceso a la vivienda es inmediato. «No tener documentación les complica muchísimo más poder tener un alquiler o una vivienda», explica. Sin contrato de trabajo ni permiso de residencia, la única alternativa es el mercado informal. «Ahora les toca apilarse a un montón de familias en pisos de gente que tiene alquilada pisos y subarrenda habitaciones a unos precios ilógicos, altísimos». Además, denuncia que en muchos casos se les cobra un extra por empadronarse o directamente se les niega esa posibilidad. «Luego con todo el colapso que hay en el Ayuntamiento con la oficina de Estadística, consigues una cita para empadronarte dentro de un mes o dos meses».
Reglamento
El efecto en cadena es claro: retraso en los trámites, dificultad para acceder a recursos básicos y crecimiento del empleo sumergido. «Se fomenta más el empleo en negro, el abuso de estos tipos de trabajo, porque muchas veces consiguen trabajos por horas donde les pagan muy poco. Les pueden pagar una hora 4 euros, 5 euros por alguna cosa en construcción o por trabajar en una casa», relata Yesenia.
La presión recae también sobre los servicios sociales. «Acuden a los servicios sociales, que estamos todos colapsados, tanto el Ayuntamiento como las asociaciones y las iglesias, y tenemos listas de espera interminables».
El panorama que describe es crítico: «Tenemos un montón de jóvenes, hombres y mujeres, que no han podido encontrar trabajo y están estancados con este proceso o ahora con este cambio… les ha tocado acudir a los albergues».
En Vida Digna, además del programa de alimentos, gestionan un ropero solidario: «Entrar familias todas las semanas a buscar ropa, porque incluso ni eso pueden satisfacerlo completamente», cuenta Yesenia. Y recuerda que ya hay saturación antes de que la nueva normativa entre en vigor.. Señala que una trabajadora social del Ayuntamiento puede tardar hasta dos meses y medio en atender a una persona.
«Comparten piso muchas familias hacinadas»
El presidente de Vida Digna, Ricardo Misa, señala que la situación se está haciendo insostenible para muchos migrantes en Vigo. Observa con preocupación el escenario que se avecina con el nuevo reglamento de Extranjería: familias ya asentadas que se verán atrapadas en un nuevo limbo administrativo. «Entendemos que tanto retraso en la atención hace que todo eso se vuelva mucho más complicado para todas estas familias. El mayor problema que detectan desde Vida Digna es el acceso a la vivienda. «La falta de techo hace que todo sea más grave, debido a que están compartiendo muchos pisos varias familias hacinadas, sin habitaciones. Ricardo Misa lanza una petición a las instituciones: «Necesitamos más implicación por parte de las instituciones y también de agentes privados que puedan ayudarnos a soportar la carga que estamos llevando ahora mismo, agradece el apoyo institucional que reciben, «pero necesitamos una implicación mayor».
Decenas de personas acuden cada día a las instalaciones de Vida Digna en la cale Brasil. Desde enero, con la publicación del nuevo reglamento, las dudas, el miedo y la frustración se han multiplicado entre inmigrantes a punto de regularizar su situación y temen tener que volver a empezar.