La pérdida de un juez en Vigo amenaza con atascar juicios de tráfico, crímenes y robos
VIGO
El magistrado de VioGen pide que su refuerzo llegue acompañado de funcionarios porque tendrán nuevas competencias como los delitos sexuales o los impagos de pensiones
07 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Un decreto del Gobierno ha eliminado a uno de los ocho jueces de Instrucción de Vigo (que investigan denuncias por robos, crímenes, ciberestafas o delitos de tráfico) para reciclarlo como segundo magistrado de violencia sobre la mujer y de agresiones sexuales de la ciudad. La reforma legal ha dejado «profundamente desolados» a los ocho instructores de Vigo, según reflejan en el acta de una junta sectorial celebrada el jueves y que fue presidida por el juez decano, Germán Serrano. Piden mantener al instructor y crear una nueva plaza de VioGen. Temen que la supresión de uno de los instructores ralentice los juicios rápidos por delitos leves a conductores temerarios o ebrios, o los hurtos, o las declaraciones de investigados. «Nos sentimos solos y abandonados», dicen. Subrayan que la decisión se adoptó pese a que cada instructor de Vigo tiene 2.836 asuntos de media y Benidorm, que ha logrado conservar a su magistrado, solo 2.300.
A la junta acudieron cinco de los ocho jueces de instrucción de Vigo (dos juezas delegaron su voto y el otro carece de titular). Acordaron por unanimidad remitir un informe a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), para que este lo remita al Consejo General del Poder Judicial.
Consideran que cada uno de los siete jueces instructores que seguirán en sus puestos tendrá que asumir 400 casos que corresponderían a su compañero. «Al suprimir uno de los juzgados se obliga no solo a que cada juzgado de instrucción restante asuma una carga adicional de más de 400 asuntos de media, sino que deberán realizar guardias cada siete semanas, y no cada ocho, lo que les obligará a tener menos semanas disponibles para señalar las actuaciones ordinarias del juzgado (declaraciones de víctimas, testigos, investigados)», dicen en un informe.
«La asunción de una mayor carga de asuntos, en una jurisdicción penal ya saturada por procedimientos complejos, investigaciones de criminalidad organizada, ciberdelincuencia o violencia multirreincidente, genera un riesgo objetivo de sobreesfuerzo, de incremento del estrés funcional y de deterioro en la calidad de las resoluciones judiciales», dicen en el mismo documento.
Considera que la violencia de género o contarán con un órgano exclusivo y especializado, «mientras que el resto de víctimas de homicidios, agresiones, estafas, robos, lesiones, seguridad vial, tráfico de drogas, entre otros, deberán ver sus procesos acumulados en juzgados sobrecargados», con mayores tiempos de respuesta. Temen que la reforma se haga a costa de perder el «bienestar psicosocial» de la plantilla.
Acusan al Gobierno de «minusvalorar» a Vigo y hacerla de «peor condición» que otras ciudades con la misma población.
Consideran que la medida, «lejos de reforzar el sistema, lo debilita», pues genera un «evidente desequilibrio». «Supone, en román paladino, vestir a un santo para desvestir a otro», afirman. Critican que la decisión se adoptase «sin debate, sin diagnóstico real». Insisten en que los jueces gozan del derecho de «inamovilidad» pero el decreto obliga al magistrado a asumir una especialidad que no ha pedido, en la que perderá retribución, y que, si no acepta el cambio, debe concursar.
El juez de Violencia sobre la Mujer dio ayer la bienvenida a un segundo magistrado pero recalcó que ha de venir acompañado de funcionarios: «Si este juzgado lo multiplicamos por dos, haremos el doble de trabajo, pero no tiene sentido que el nuevo juez venga sin funcionarios, los que hay irán a la misma velocidad». Considera que su juzgado asumirá más competencias, incluidos los delitos de agresión sexual o el impago de pensiones.
Caballero defiende el diálogo y el PP lo acusa de tibieza por perder un juzgado
(A.M.)
El PP considera «tibia» e «inaceptable» la reacción del gobierno de Vigo frente a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de suprimir un juzgado de Instrucción para crear en su lugar un nuevo órgano especializado en violencia sobre la mujer.
Aunque los populares valoran positivamente la creación de esta sala especializada, lamentan que su implantación se haga «a costa de retirar recursos a otras ya colapsadas», lo que a su juicio «ralentizará aún más la tramitación de diligencias penales» en la ciudad. «Desde luego, la decisión de hacerlo a costa de suprimir una sala de instrucción es un despropósito inasumible. Esto tiene que ser corregido», ha afirmado la presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, quien acusa al alcalde de haber intentado «salir del paso» con una «leve contrariedad» en forma de escueto comunicado. «¿Qué hubiera hecho Caballero si en Madrid gobernase el PP? ¿Acaso no habría salido iracundo ante los medios, utilizando el mismo lenguaje bélico y agresivo que usa contra la Xunta?», se preguntó. «Tenemos claras las respuestas», añadió, y anunció que su grupo presentará una declaración institucional en el próximo pleno del 12 de junio para que todas las fuerzas políticas se pronuncien contra la supresión del juzgado.
Abel Caballero reveló que ha mantenido contacto directo con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tanto este jueves como el miércoles, para abordar la situación generada por el decreto aprobado por el Consejo de Ministros. «El ministro y yo vamos a trabajar juntos. En septiembre u octubre habrá un nuevo decreto de juzgados en España y yo buscaré la inclusión de Vigo con ocho juzgados de instrucción», aseguró el regidor. Caballero defendió su gestión apelando al diálogo institucional.