Afectados por los motores de Stellantis anuncian que presentarán 3.200 demandas en el juzgado de Vigo
VIGO
Después de más de ocho meses de contactos, Afestel da por roto el diálogo y dice que la multinacional «se niega a indemnizar a la mayoría de las víctimas»
25 jun 2025 . Actualizado a las 01:03 h.La Asociación de Afectados por los motores defectuosos de Stellantis presentará 3.200 demandas de conciliación antes de que finalice julio, tras dar por rotas las negociaciones con el fabricante por los fallos del propulsor PureTech, que afectan a más de 700.000 vehículos en España. Después de más de ocho meses de contactos, la citada agrupación, Afestel, decidió retomar la vía judicial al considerar que Stellantis «se niega a indemnizar a la mayoría de las víctimas», según comunicó este lunes.
Las compensaciones acordadas hasta ahora —unos 500 casos concretos— excluyen a miles de usuarios que pagaron reparaciones de hasta 8.000 euros, muchos de ellos descartados por acudir a talleres no oficiales o por haber superado los plazos de mantenimiento. Según el colectivo, incluso los fabricantes de las correas de distribución afectadas confirmaron que Stellantis conocía desde el principio el fallo de diseño que afecta al motor PureTech 1.2 de tres cilindros, instalado entre 2013 y 2022 en modelos de Peugeot, Citroën, Opel y DS, pero hicieron «la vista gorda».
El fabricante comenzó a revisar el estado de las correas en algunos vehículos, pero solo en un número limitado de casos y con condiciones que los afectados califican de «leoninas». En algunos supuestos, se ofrece un cambio gratuito si se cumplen ciertos requisitos, pero en la mayoría de situaciones el coste de la reparación —en torno a 1.500 euros— recae sobre el cliente.
La plataforma ya representa a más de 9.000 personas y calcula que otras 8.000 contactaron para sumarse a la demanda colectiva, frustrados ante la falta de respuestas y el mal funcionamiento de la plataforma de reclamaciones habilitada por la empresa. El movimiento mantiene su estrategia judicial, especialmente en los juzgados de Vigo, donde Stellantis tiene una sede operativa.
Desde marzo, la compañía ha reembolsado en acuerdos extrajudiciales al menos 170.000 euros, con previsión de alcanzar los 2,5 millones, aunque los afectados insisten en que las indemnizaciones deben extenderse a todo el colectivo.
Hasta mayo, la jueza estableció en sus sentencias algunos criterios como el hecho de que no fijará por norma que cada conductor perciba una indemnización del 5 % del valor del coche, sino menor porque, en aquellos tiempos el beneficio de los vehículos estaba muy ajustado.
Así lo sostiene la magistrada en una sentencia reciente dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Fija la indemnización para los afectados por los sobreprecios del cartel de fabricantes, entre ellos Stellantis España SA, en un 2% del precio de adquisición del vehículo. En base a ese criterio, la jueza, en una sentencia del 17 de marzo, condenó a Stellantis a pagar una indemnización de 306 euros al propietario de un Citroën Xsara Picasso que le costó 15.300 euros en el 2007. El perjudicado reclamaba cinco veces más, 1.947 euros, y su demanda tardó año y medio en ser resuelta. La indemnización de 306 euros se verá incrementada con el interés legal desde la fecha de compra del Picasso, que tiene 18 años de antigüedad.
La magistrada, en otra sentencia del 13 de marzo, desestimó la demanda del dueño de un Opel Astra 1.7 CDTi por el que pagó 13.256 euros sin IVA en el 2010. El reclamante pidió 961 euros pero la jueza le replica que el demandante «no ha realizado esfuerzo alguno» para cuantificar el daño, lo que le inhabilita para reclamar la activación de la estimación judicial. Dice que el informe pericial «no cumple con el estándar mínimo exigible» y absuelve a Stellantis. La jueza no impuso las costas al dueño del coche «al apreciar la existencia de dudas de hecho y de derecho en la interpretación de los informes periciales de la parte actora y la ausencia de una doctrina jurisprudencial consolidada en la materia».
Cambio de ley
La avalancha de demandas podría cesar durante unos meses y dar un respiro a la magistrada. Esto se debe a la entrada en vigor el 2 de abril de la Ley de Eficiencia Procesal, la cual obliga a los demandantes a acreditar que, antes de presentar su escrito al juez, intentaron negociar y llegar a un acuerdo extrajudicial o conciliación con la otra parte en las jurisdicciones de lo mercantil, civil y social.
El resultado de este nuevo requisito legal ha sido un parón. Por ejemplo, en los juzgados de lo civil se ha paralizado el envío de demandas de reclamación de deudas. Estas llegan a cuentagotas (solo 336 en los últimos 45 días) mientras los bufetes buscan fórmulas para abaratar los trámites. Una idea es enviar un burofax a la otra parte para probar que se intentó mediar.