Vigo podría ser un ejemplo con una planta de compostaje para procesar biorresiduos y regenerar suelo forestal
18 ago 2025 . Actualizado a las 13:53 h.Tras un principio de verano relativamente tranquilo, aunque con la emergencia climática ya no podemos confiarnos en ninguna época del año, los incendios llaman a la puerta a nuestro alrededor. La primavera húmeda nos dejó abundante vegetación y las altísimas temperaturas con fuertes vientos han convertido los montes en un polvorín. Es un triste tópico tener que volver a recomendar las medidas para evitar los incendios, al menos los no provocados. La Xunta ha activado el nivel máximo de alerta hasta el 30 de septiembre.
En Vigo, el Concello ha reforzado la vigilancia con drones, patrullas específicas y protocolos de alerta máxima. También se ha incrementado la presencia militar patrullando toda la provincia. Además, las propias comunidades de montes han desplegado patrullas formadas por comuneros para vigilar cualquier posible conato, ante los que una rápida actuación inicial es vital para evitar su propagación. Pero todas estas medidas, aunque imprescindibles, siempre son reactivas. La clave está en la prevención estructural, y ahí es donde entra en juego la implicación conjunta de administraciones, comunidades de montes y vecinos.
De aquel anillo verde perimetral tan anunciado a bombo y platillo tras los incendios del 2017 han pasado siete años y nada se sabe salvo el tristemente habitual fuego cruzado, nunca mejor dicho, entre la Administración local y la Xunta. Cualquier medida será estéril si no implica la colaboración y coordinación entre administraciones, comunidades de montes y tejido social. Lamentablemente, en la situación política actual plantear esta colaboración institucional es una utopía. Todos los años, en paralelo a los incendios, brotan las declaraciones incendiarias. Para la Xunta, la culpa siempre es de los incendiarios; para la oposición, la culpa siempre es del Gobierno autónomo. Pero esto va más allá de una cuestión técnica o estacional.
Seguimos siendo incapaces de desarrollar políticas preventivas estables, con todo lo que implica en recursos y puestos de trabajo, ni de hacer un pacto de país consensuado entre todos para ordenar la política forestal, integrarla en el territorio, desarrollar la multifuncionalidad de los montes, volver a fijar población en el rural, recuperar tierras de cultivo y fortalecer una agricultura y silvicultura ecológica y ganadería extensiva. Todo adaptado al nuevo escenario climático, que a su vez es parte de una crisis ecológica y social global. Un solo ejemplo: Vigo, con su extensa red forestal periurbana y unas comunidades de montes coordinadas, podría instalar una planta comarcal de compostaje para procesar los biorresiduos urbanos que suministraría un fertilizante de calidad para la regeneración de las tierras forestales degradadas por los incendios (y para tierras de cultivo). Podríamos ser un ejemplo a seguir.
La educación ambiental es fundamental, como afirman todas las instituciones que, simultáneamente, no invierten un céntimo de sus presupuestos en eso que consideran fundamental. Pero la educación ambiental no es ir a dar una charla a los alumnos de quinto de primaria de los colegios del centro de la ciudad sobre lo terribles que son los incendios, que también. Nos equivocamos gravemente al considerarlos destinatarios clave. Tenemos que utilizar esos instrumentos sociales de educación y concienciación con los actores determinantes para solucionar el problema ahora, que es cuando lo sufrimos. Les aseguro que para solucionar hoy este problema poco pueden hacer los niños y niñas de quinto de primaria. Y esperar a que crezcan no es una opción.