En 1936 la isla se convirtió en una colonia penitenciaria en la que los sublevados recluyeron a presos republicanos durante la Guerra Civil y los cuatro primeros años de la dictadura
03 sep 2025 . Actualizado a las 18:37 h.El BOE publicó hoy el inició del procedimiento para declarar San Simón como Lugar de Memoria Democrática. Fue el espacio utilizado por los sublevados contra la II República como penal durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista. A partir de octubre de 1936 la isla de San Simón se convirtió en una colonia penitenciaria en la que los sublevados recluyeron a presos republicanos llegados en un primer momento de la provincia de Pontevedra y de toda Galicia, y posteriormente de otros lugares de la geografía española, especialmente desde Asturias.
Correspondió al general franquista Martínez Anido, responsable de instituciones penitenciarias, la decisión de convertir el antiguo lazareto de la isla de San Simón en un campo de concentración carcelaria a donde se debían trasladar a los detenidos de las saturadas prisiones de Vigo, Pontevedra, Ourense o Vilagarcía de Arousa. El penal de la isla de San Simón estaba formado por dos pequeñas islas, San Simón y San Antón, unidas por un pequeño puente. La mayor de las islas, San Simón, era el lugar destinado a reclusión. Allí estaban los pabellones en los que se amontonaban los presos.
El penal estuvo abierto entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943. Por allí pasaron más de 5.600 presos. A finales de enero de 1943, apenas dos meses antes de que fuera clausurado, ingresó el recluso que hacía el número 5.616, aunque en ningún momento llegaron a coincidir al mismo tiempo más de 2.000 prisioneros. Se tienen contabilizados más de 517 muertes además de las que se produjeron por «paseos» y fusilamientos.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, declaró hoy en una visita a San Simón de que la declaración supone que «se rescate del silencio y del olvido un escenario singular de la represión franquista». El BNG también ha instado al Gobierno a agilizar el expediente «e a incorporar as achegas de colectivos e asociacións. A resolución final debe deixar moi claras, entre outras cousas, as restricións de usos para garantir respecto á memoria das víctimas».