«No contemplamos sanciones», dice Caballero, cuyo gobierno aprueba hoy el inicio de la la tramitación
05 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Vigo dará hoy el primer paso para implantar la zona de bajas emisiones (ZBE), una actuación obligatoria en las ciudades de más de 50.000 habitantes según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La medida, impulsada desde la Unión Europea con el objetivo de reducir la contaminación en entornos urbanos, supondrá la delimitación de varias áreas en la ciudad donde se regulará el acceso de vehículos en función de su impacto ambiental.
El alcalde, Abel Caballero, avanzó que la Junta de Gobierno Local aprobará la versión inicial del proyecto y confirmó que su aplicación no incluirá sanciones en la fase de implantación. «No compartimos las multas como forma coercitiva. Creemos en el consenso social y no en las restricciones desproporcionadas», afirmó.
El proyecto afectará a un total de 67 hectáreas distribuidas en cuatro sectores. El más amplio será el del centro urbano, con 400.000 metros cuadrados delimitados por calles como Cánovas del Castillo, Plaza de Compostela, Colón, Urzaiz, Ronda de Don Bosco, Paseo de Granada, Cachamuíña, Pi y Margall, Llorente, Santa Marta, Gaiteiro Portela y San Francisco.
Las otras tres zonas se sitúan en la Plaza de Portugal, el entorno de Eduardo Cabello, Simancas y Camilo Veiga en Bouzas, y el barrio del Calvario. La delimitación completa puede consultarse en el sitio oficial del plan, zbe.vigo.org, donde el Concello detalla también los objetivos ambientales, la normativa de referencia y los beneficios previstos para la ciudad.
Tras la aprobación inicial, el expediente se someterá a exposición pública durante 30 días para permitir la presentación de alegaciones. En paralelo se abrirá también el trámite de audiencia pública de la ordenanza municipal, que servirá como marco jurídico para el funcionamiento de la ZBE.
Esta normativa definirá el régimen de excepciones, el reconocimiento de los residentes, el tratamiento de personas con movilidad reducida, la regulación de aparcamientos y otros aspectos vinculados al uso cotidiano de las áreas afectadas. Caballero subrayó que la prioridad será garantizar el mantenimiento de la actividad habitual. «Tiene que continuar la vida con normalidad. Centros de salud, negocios, vecinos… todo debe seguir funcionando como hasta ahora. Y eso es lo que va a regular la ordenanza», explicó.
El coste total del plan asciende a 5,4 millones de euros, financiados mayoritariamente con fondos europeos FEDER a través del programa para la renaturalización de ciudades. El alcalde volvió ayer a mostrar su desacuerdo con esta exigencia europea. «No comparto que vehículos sin emisiones puedan entrar y los que emiten no puedan hacerlo. Eso es discriminación social. No todo el mundo puede comprarse un coche con etiqueta verde de golpe», denunció. A su juicio, la medida debería haberse planteado de forma más equitativa, evitando que el cumplimiento ambiental dependa del nivel adquisitivo. «Pueden entrar los de renta alta y quedan fuera los de renta baja. No comparto ese criterio ni la forma en la que se tomó la decisión», insistió.
Caballero reiteró que el Concello cumplirá con la legalidad vigente y pondrá en marcha la zona de bajas emisiones, pero lo hará «con sentido común» y apostando por una transición ordenada. «No se trata de imponer por imponer. Se trata de que la ciudad se adapte con coherencia y sin castigos. Queremos que la ciudadanía entienda que esto va de preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida, no de multar o restringir a quien no puede cambiar de coche de la noche a la mañana», concluyó.
El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de sostenibilidad urbana que incluye también mejoras en el transporte público, humanización de calles, implantación de corredores verdes y renovación del parque móvil municipal para contribuir a la reducción de los gases con efecto invernadero.