El proyecto aprobado hoy por el gobierno local prevé un primer año informativo y la ley contempla sanciones de 200 euros. PP y BNG acusan a Caballero de mentir
06 sep 2025 . Actualizado a las 01:14 h.El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró este jueves que el proyecto de zonas de bajas emisiones (ZBE) no contempla sanciones y que su aplicación se basará en el «consenso social». «No compartimos las multas como forma coercitiva», declaró. Sin embargo, apenas un día después, el contenido íntegro del expediente aprobado por la Junta de Gobierno contradice de forma directa esas afirmaciones. Según denunció el grupo municipal del PP, el plan incluye restricciones progresivas por tipo de vehículo, control automatizado de accesos mediante cámaras, y fases de aplicación que terminan en un régimen sancionador que —según sus cálculos— puede conllevar multas de hasta 200 euros.
El portavoz popular, Miguel Martín, fue tajante: «El alcalde dijo que no se va a multar, y eso es rotundamente falso. El proyecto establece tres fases. Solo el primer año de cada una se sustituye la sanción por avisos, pero después sí se multa por infracción grave». Martín explicó que las zonas de bajas emisiones entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2025, y que a partir de entonces quedarán prohibidos los accesos a las cuatro áreas delimitadas para vehículos sin distintivo ambiental —gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006— salvo excepciones. A partir del 1 de noviembre de 2026, esos coches comenzarían a recibir sanciones, según la información facilitada por el PP.
El propio documento técnico indica textualmente que «na fase de implantación da ZBE prevista para o ano 2025 non se establecerán restricións ao acceso e circulación de vehículos nin sancións asociadas», pero añade a continuación que ese primer año será únicamente «un período informativo». El informe incorpora una tabla con el cronograma de aplicación de restricciones, en la que se indica que a partir de 2026 ya se vetará el acceso a vehículos sin etiqueta, y posteriormente a los de categoría B y C en fases sucesivas.
La segunda fase, que se activaría también el 1 de noviembre de 2026, extenderá la prohibición a los vehículos con etiqueta B —gasolina matriculados antes de 2006 y diésel anteriores a 2014— lo que representa un 36 % del parque móvil vigués. En ese caso, las multas se aplicarían desde noviembre de 2027. La tercera fase, ya en 2030, afectará a los coches con etiqueta C, y según el PP, el 90 % del parque automovilístico podría quedar restringido en las zonas afectadas.
Martín cuestionó además la coherencia legal del discurso del alcalde: «¿Está diciendo que un conductor podrá recurrir una multa alegando que él prometió que no las habría? ¿Va a ordenar a la Policía Local que no aplique una ordenanza en vigor?». Y añadió: «Ningún alcalde legisla de viva voz. Si la norma incluye sanciones, habrá multas. Y punto». El PP reclama que se amplíe la moratoria sin sanciones «al máximo legal posible», que se aumenten las exenciones para los vehículos afectados y que se refuercen las líneas de transporte público que conectan con las zonas restringidas.
El expediente aprobado por el gobierno local afecta a 67 hectáreas del centro urbano, la Plaza de Portugal, Bouzas y el Calvario, y está financiado en su mayor parte con fondos europeos FEDER. El contenido íntegro se encuentra disponible en el portal municipal zbe.vigo.org.
Por su parte, el BNG también criticó al alcalde y le acusó de «mentir descaradamente». El portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, pidió dejar sin efecto el acuerdo aprobado este viernes y recordó que su grupo había presentado una alternativa en 2023 sin restricciones ni sanciones.
Durante su intervención del jueves, Caballero defendió que la medida se aplicará «con sentido común y sin restricciones desproporcionadas», y cargó contra la Unión Europea por imponer un modelo que, en su opinión, penaliza a las rentas más bajas. Pero el documento técnico aprobado por su propio gobierno afirma con claridad que «a partir do segundo ano de implantación de cada fase activaranse os correspondentes réximes sancionadores vinculados ás infraccións que se cometan dentro da ZBE». La oposición le exige ahora que lo reconozca públicamente.