«La eliminación del peaje de la AP-9 es una necesidad imperiosa para garantizar el desarrollo económico de Galicia»
VIGO

La Asociación de Representantes de Comercio de Pontevedra denuncia que es discriminatorio que la única arteria que comunica las principales ciudades de la comunidad siga siendo de pago
25 sep 2025 . Actualizado a las 11:02 h.La Asociación de Representantes de Comercio de la provincia de Pontevedra ha expresado públicamente su preocupación por el incremento del 9 % en algunos tramos de la autopista AP-9 este año, y ha instado a las administraciones competentes a suprimir los peajes de esta vía estratégica para Galicia.
La entidad considera que la gratuidad de la AP-9 es «una necesidad imperiosa para garantizar el desarrollo económico y la competitividad» del tejido empresarial gallego. «La AP-9 es la principal y única arteria de comunicación entre las principales ciudades gallegas, desempeñando un papel fundamental», señalan en su comunicado.
Además, denuncian que Galicia es una de las pocas comunidades autónomas donde una vía de alta capacidad tan esencial sigue siendo de pago, mientras que en otras regiones de España se han liberado peajes en autopistas similares.
Discriminación territorial
La asociación califica de «discriminación territorial injustificada» la persistencia de los peajes desde la finalización de la AP-9, que limita el crecimiento económico y resta competitividad a las empresas gallegas. También recuerdan que Bruselas ha señalado irregularidades en la concesión y en la aplicación de peajes abusivos.
«Manifestamos nuestro apoyo a la Xunta de Galicia, ayuntamientos, representantes políticos gallegos, asociaciones del transporte, autónomos y trabajadores en general, en la petición de gratuidad de la AP-9», afirman.
Medida clave
La eliminación del peaje, según la asociación, aliviaría la carga económica de empresas y ciudadanos, y fomentaría el crecimiento del comercio, el turismo y el empleo en Galicia. «Instamos a las administraciones competentes a tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho a una movilidad justa y equitativa para todos los ciudadanos gallegos», concluyen.