Cardama se ofrece a dar otra garantía de 4,2 millones a Uruguay para no romper el contrato
VIGO
 
	
											El astillero pretende completar la construcción de las dos patrulleras y recuerda que el Gobierno latinoamericano aceptó el aval que le presentó
27 oct 2025 . Actualizado a las 10:18 h.El astillero vigués Cardama, en el ojo del huracán por la decisión del Gobierno de Uruguay de llevar a la fiscalía su propio contrato para la construcción de dos patrulleras, ha ofrecido hoy una salida al Ejecutivo latinoamericano. Con el objetivo de ofrecer plena tranquilidad a la Administración, Francisco Cardama, S.A. se compromete, si fuera necesario, a sustituir la garantía de fiel cumplimiento —equivalente al 5% del contrato— por una nueva que cumpla con las características que la Administración considere adecuadas», dice en un comunicado hecho público este domingo.
La garantía es el centro de toda la polémica. El astillero de Vigo la depositó fuera de plazo (once meses después de la adjudicación del contrato, en lugar de los 45 días marcados) y desde una sociedad, Eurocommerce, que operaba desde el Reino Unido, pero que desde agosto está en liquidación y no tiene representación legal. El director del astillero, Mario Cardama, reconocía este domingo en La Voz «errores administrativos» en ese aval, que debía renovarse esta semana pasada.
					
		
			
		
		
												
								
 
    	
El valor de las dos patrulleras oceánicas contratadas por Uruguay asciende a 84 millones de euros, de modo que la garantía del 5 % es de 4,2.
Eso sí, el fabricante gallego dice que las garantías fueron «aceptadas y supervisadas por la Administración. En consecuencia, cualquier incidencia relativa a las mismas no puede ser imputada a este astillero, que también ha asumido los costes derivados de su emisión».
El astillero insiste en que hasta ahora ha cumplido puntualmente todos los plazos del contrato, que pretende seguir ejecutando, aunque considera que la crisis abierta desde que el presidente del país, Yamandú Orsi, anunció la ruptura del contrato y su judicialización, puede «repercutir indirectamente en los plazos del proyecto». Lo relaciona con el impacto reputacional que tiene esta situación para el astillero entre sus proveedores, con lo que da a entender que puede tener problemas con las entregas de material comprado.
Cardama insiste que quiere completar el contrato de 84 millones. Hasta ahora Uruguay ha depositado 26 y tienen ejecutado el 90 %. Pretenden seguir. Eso sí, también se reserva «el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses».