El conflicto por la nueva adjudicación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria ha reabierto viejas heridas. No es la primera vez que un contrato de basuras coloca a Nigrán en el centro de la polémica. En 2004, la empresa Cespa resultó adjudicataria del servicio en un procedimiento que años después acabaría en los tribunales.
Dos exalcaldes, Alfredo Rodríguez Millares y Avelino Fernández Alonso, junto a un exconcejal, fueron procesados por presunta prevaricación y cohecho, acusados de haber amañado la adjudicación y de beneficiarse de supuestas mordidas y alquileres inflados. La causa se prolongó casi dos décadas, con un importante desgaste político y económico para los implicados. Finalmente, la Audiencia Provincial de Pontevedra los absolvió al concluir que no se había demostrado que actuaran con intención delictiva.
El tribunal consideró que los defectos administrativos detectados en el proceso no constituían delito y que «no puede identificarse la omisión de un trámite con un acto de prevaricación». En 2024, el Tribunal Supremo confirmó íntegramente la absolución, cerrando así el largo proceso judicial.
Aun así, los exregidores tuvieron que afrontar personalmente los gastos del juicio, una carga económica que quedó fuera de toda compensación. El recuerdo de ese precedente planea sobre el nuevo expediente, valorado en más de 30 millones de euros, el más alto del Concello. Los técnicos han advertido de que se puede comprometer la legalidad del proceso si se contradicen los pliegos.