La empresa pretendía construir entre 5.000 a 7000 viviendas en Aldán
18 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.En el 2004, en pleno auge del bum inmobiliario, el mayor terrateniente de Aldán pasó a ser la empresa Promalar. Ahora quebrada, llegó a acumular más de 80 hectáreas en la zona donde se proyectaron varias urbanizaciones para construir entre 5.000 a 7.000 viviendas. Casi una nueva ciudad por la que el Ayuntamiento, que en aquel entonces presidía José Enrique Sotelo, ingresó 2.5 millones de euros. Más de diez años después, el actual gobierno tendrá que abonar alrededor de 700.000 euros como pago por el incumplimiento de dichos convenios.
El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, señala que «esta cantidade correspóndese co pago inicial que a empresa fixo o Concello». «Queríase urbanizar unha serie de zonas cun alto valor ambiental no que antes eran as propiedades do conde», añade. Sobre estas construcciones señala que «o goberno do Partido Popular entendeu que era unha forma de facer ingresos». Además, la mayoría de estos terrenos fueron considerados como montes comunales y, por tanto, pertenecientes a sus vecinos. En total, el Consistorio cangués iría percibiendo estos fondos a medida que se fueran realizando estas operaciones. De cumplirse con todas, se calculó que la previsión de cobro estaría alrededor de los 8 millones de euros
José Enrique Sotelo, el anterior alcalde, señala que «de aprobarse el Plan Xeral, no tendrían que hacer frente a estos pagos. Lo que pasa es que están empeñados en no hacerlo». Esta medida, que tampoco logró aprobar el exregidor popular durante sus años al frente de la alcaldía, es la que hace ahora que Concello actual tenga que reintegrar el importe correspondiente al primer ingreso de Promalar. Sotelo insiste en que «el problema es que al frente del Ayuntamiento hay unos señores que quieren dilatar la aprobación del PXOM».
Sin embargo, existe una sentencia «do 17 de novembro de 2014, procedente do Tribunal Supremo, onde estimouse, parcialmente, o que o Concello debería pagar», recalca Abalo. El Concello de Cangas tiene que hacer frente ahora a este pago para el que se abrirá «unha liña de crédito», como confirma el concejal. «Na actualidade estamos estudando a forma de facer fronte a este gasto». A pesar de que el Consistorio está intervenido, el Gobierno permite a las entidades locales «facer fronte a pagos obrigados».
De este modo, el equipo de Xosé Manuel Pazos está estudiando «contraer unha débeda cos bancos», según Abalo, para poder asumir esta indemnización. Sobre las razones de fondo de esta cuestión, el concejal de Urbanismo señala que «estas operacións están amparadas legalmente, pero son cuestionables dende un punto de vista ético». Además, añade que «a raíz de todo isto é a corrupción, había que mételos a todos no cárcere».
El gobierno popular de aquel entonces firmó convenios con Promalar en Aldán y con Marina Atlántica en Massó. Al final, como indica Abalo, «os veciños de Cangas acabaran pagando esta macrooperación urbanística»