La Justicia investiga la presunta falsificación en la licencia de un restaurante en la Costa da Vela
CANGAS
El juzgado de Cangas admite a trámite una denuncia contra el Concello y la APLU por permitir la actividad en Donón
22 ago 2025 . Actualizado a las 01:26 h.El Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas ha abierto diligencias por un presunto delito urbanístico y medioambiental en relación con la construcción y funcionamiento del restaurante y pensión A Caracola, situado en Donón, en la parroquia de Hío. La Fiscalía se ha personado como parte querellante junto al denunciante, Eulogio Abeleira.
El caso se centra en la licencia de obras mayores concedida por el Concello de Cangas para la construcción de una edificación aislada destinada a restaurante y apartamentos turísticos.
Según la denuncia, esa autorización se tramitó y aprobó con informes y planos presuntamente falseados, que habrían manipulado los límites del núcleo rural de Donón. Con esa alteración gráfica, terrenos clasificados como suelo no urbanizable protegido de espacios naturales habrían pasado a figurar como si fueran edificables, abriendo la puerta a una licencia que nunca debería haberse otorgado.
El denunciante sostiene que la presunta falsificación documental afectó tanto a los planos urbanísticos como a los informes técnicos y jurídicos que acompañaron la tramitación, y señala como responsables a técnicos municipales, funcionarios de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y al arquitecto autor del proyecto. A su juicio, todos ellos actuaron de forma consciente para «dar apariencia de legalidad» a una obra que vulneraba la normativa urbanística.
En 2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra dictó una sentencia en la que ya se cuestionaba la legalidad del inmueble y se ordenaba iniciar la restauración de la legalidad urbanística. Esa resolución fue confirmada en apelación en 2020 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sin embargo, pese a esas decisiones judiciales firmes, el restaurante siguió abierto al público y las medidas cautelares de precinto y clausura nunca llegaron a ejecutarse.
Cierre incumplido
La denuncia recuerda que en 2022 el propio Concello de Cangas dictó una resolución ordenando el cierre en el plazo de diez días y la remisión del expediente a la APLU, pero esa orden tampoco se cumplió. Un año más tarde, la APLU reconoció que una parte de la edificación —30,72 metros cuadrados de la fachada oeste— estaba fuera del núcleo rural y debía demolerse. El denunciante considera que esa conclusión es un «maquillaje» para minimizar la infracción, ya que en realidad más del 80 % de la superficie construida, unos 121 metros cuadrados, se encuentra en suelo protegido.La denuncia acusa a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, a la directora de la APLU y a varios técnicos de ambas administraciones de connivencia y pasividad. A su entender, actuaron «en comandita» para no ejecutar las sentencias y tolerar la continuidad de la actividad. Además de falsedad documental, se citan otros posibles delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, usurpación de funciones, abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos.
La investigación deberá determinar si existió falsificación documental en la concesión de la licencia, si hubo responsabilidades políticas y técnicas en la falta de ejecución de las medidas judiciales y si la actividad desarrollada en Donón vulnera la normativa de protección del territorio.
La admisión a trámite abre la fase de diligencias previas, en la que el juzgado deberá recabar documentación, analizar los informes técnicos y escuchar a los responsables señalados en la denuncia.
En la denuncia se citan varios documentos como pruebas de las presuntas irregularidades: desde la licencia de obras concedida por el Concello hasta resoluciones de la APLU y sentencias judiciales firmes. También se incorporan planos urbanísticos en los que, según el escrito, se habrían manipulado los límites del núcleo rural de Donón para ampliar artificialmente la superficie edificable. El objetivo del procedimiento judicial será determinar si en la concesión de la licencia municipal y en la posterior inejecución de las sentencias se produjeron irregularidades y pudieran tener relevancia penal. La alcaldesa se reunirá con los técnicos antes de dar una respuesta sobre este caso.