La política de O Porriño se traslada de la sala de plenos a la de vistas

La política de O Porriño no sale del juzgado. Las disputas de los grupos municipales que empiezan en el salón de plenos suelen acabar en la sala de vistas o en los despachos de jueces y fiscales con mayor o menor fortuna. El último que ha tenido que desfilar por las dependencias de la calle Lalín de Vigo ha sido el teniente alcalde escindido del PP, Manuel Carrera. Los populares han presentado cuatro denuncias contra él y otros miembros del gobierno por presuntas irregularidades en contrataciones. Quieren pillar a los regidores locales en algún renuncio para ver si cae alguna imputación e inhabilitación y así vengarse de los líos judiciales que todavía sigue arrastrando su exlíder, Nelson Santos.

Al socio de Eva García de la Torre en el gobierno municipal le achacan haberse gastado 2,6 millones de euros en contrataciones y desbroces. Han mirado los papeles con lupa y concluyen que podría haber incurrido en algún ilícito penal. Por eso Carrera tuvo que ir el pasado lunes al fiscal para explicarle que siempre actuó de buena fe y conforme a la legalidad con informes favorables de secretaría e intervención. Ayer explicó que «todo está bajo la más estricta legalidad y estamos esperando el archivo de la denuncia». Además afirma que le han denunciado por obras de desbroce que no son cometido de su concejalía. «No les duelen prendas en mandar mentiras a la Fiscalía porque la denuncia no se corresponde para nada con la realidad», añade.

La propia alcaldesa, Eva García de la Torre, se sentó en el banquillo el año pasado acusada por una funcionaria a la que requisó un disco duro externo en el que se estaba cargando datos del Concello. La trabajadora denunció que había violado su intimidad. El juez acabó absolviendo a la regidora amparándose en que en el material informático no había datos relacionados con asuntos personales de la funcionaria y que la alcaldesa está habilitada para supervisar el trabajo desarrollado en cualquiera de las áreas municipales.

Víctimas

La guerra judicial se ha saldado hasta el momento con dos víctimas. La primera fue el brazo derecho de la alcaldesa, Raúl Francés, que dejó la corporación cuando la Fiscalía formuló una acusación contra él por prevaricación. El juez acabó condenándolo a ocho años y medio de inhabilitación por haber contratado a dedo a tres asesores con informes contrarios del interventor y a sabiendas de su ilegalidad.

La otra víctima es Nelson Santos. Con varias causas abiertas durante años, al final la única que se mantiene viva es la que le vincula con otro presunto caso de enchufismo. El fiscal le acusa de la realización de contratos de forma directa, sin licitación y sin seguir los procedimientos administrativos pertinentes a varias empresas para la realización de servicios como limpieza, recogida de residuos, actividades deportivas y de ocio, servicios eléctricos o labores de saneamiento. Nelson Santos presentó su dimisión el pasado mes de mayo al saber que será juzgado por prevaricación. El jefe de de la Policía Local, Daniel Rodríguez, también recurrió a los tribunales para recuperar su puesto cuando la alcaldesa le apartó del mismo porque estaba siendo investigado por perdonar supuestamente multas falsificando datos. Hoy en día vuelve a estar al mando y con una subida de sueldo.

A lo largo de las próximas semanas podrían producirse más declaraciones. Los populares están utilizando la misma artillería judicial para derribar a sus contrincantes de las que tuvieron que defenderse hace unos años. Abogados y procuradores se frotan las manos con las diatribas de los concejales porriñeses. Al final serán los vecinos los que tendrán que pagar las minutas con sus impuestos.

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