La interventora de Pazos de Borbén pone reparos a facturas por «fraccionamiento ilegal»

La secretaria-interventora de Pazos de Borbén ha detectado irregularidades en algunas facturas y ha puesto reparos al menos a 242 contratos menores. La relación suma, por un lado, 101.515 euros y por otro 70.593 .

La interventora emite informe de reparo «porque son facturas que se reciben mensualmente, reiteradas en el tiempo en períodos que superan el año, por el mismo concepto y proveedor, dando lugar por tanto a fraccionamiento ilegal, sin contrato administrativo que las sustente, y que deberían ser objeto de licitación por procedimiento ordinario».

Son facturas conformadas por alcaldía y la secretaria interventora deja entrever en un informe que podrían ser más ya que «non se ten constancia de rexistro completo e ordenado de contratos nin de convenios en vigor deste Concello, sendo a información recabada escasa e insuficiente». El alcalde ha autorizado los gastos porque los proveedores «teñen que cobrar», dice Luciano Otero.

Las facturas que se someten a aprobación y que se detallan les corresponde su aprobación al alcalde, que es el competente para el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos. La mayor parte de las facturas que se reciben constituyen el único documento para la Intervención de conocimiento de la existencia de un encargo o gasto. «Este problema se evidencia estructural, especialmente, con las de menor importe y con aquellas en concepto de gastos que no cuentan con financiación ajena, a través de una subvención concedida previa por otra Administración pública», dice el informe.

Vistos los conceptos de la relación de facturas «que aquí se informa debe incidirse en primer lugar en la necesidad de evitar el fraccionamiento de los contratos con el fin de que se realicen mediante contrato menor evitando el procedimiento ordinario»

Esto sucede en el caso de suministros o servicios de naturaleza recurrente como facturas de telefonía, de energía eléctrica, de recogida de basura, de servicios informáticos, de pólizas de seguros o de ayuda de atención al hogar, cuyo contrato terminó en diciembre pasado.

El alcalde, Luciano Otero, de Alternativa Veciñal, ha señalado que no hay fraccionamiento de contratos aunque reconoce que «faltan trámites e non se cumpren todos os requisitos». Asegura que ello se debe a que es un Concello pequeño y surgen necesidades urgentes y son suministros que hay que pagar. Admite que en estos temas de residuos, electricidad y telefonía hay que «regularizar os suministros, pero non temos capacidade para licitar todo» y asegura que están trabajando en ello. El regidor señala que cuando llegaron a la alcaldía se encontraron con numerosas facturas en el cajón que estaban sin pagar, por un importe de 200.000 euros que era la herencia que les había dejado los populares y que tuvieron que hacer frente a estos pagos.

La regulación de los expedientes de contratación de los contratos menores ha sido objeto de especial modificación, más restrictiva y con mayores requisitos para su tramitación, con la nueva ley. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,

En los contratos menores la tramitación del expediente exige la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto. En el contrato menor de obras, debe añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes.

El portavoz socialista, Anselmo Táboas, señala que uno de los beneficiarios de los contratos es José Manuel Martínez que tiene varias empresas.

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