Ocho de cada diez concellos están en una situación de alerta o prealerta por escasez de agua, unas medidas que se adoptaron en los años 2022 y 2017, cuando la situación fue crítica
Dos sentencias dictadas por el TSXG corroboran que varios empleados de estos organismos estuvieron hasta 20 años encadenando contratos. Revocan varias resoluciones de primera instancia e incluso cambian su propio criterio