En el juicio por las licencias de Viveiro, en la Audiencia de Lugo, se describe como «caótica» la situación en Urbanismo del Concello, se dice que los informes negativos «no gustaban» y el denunciante César Aja niega animadversión personal
08 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Si por la mañana Loureiro y el resto de los exediles aseguraban que la junta local solo había dado licencias con informes favorables, por la tarde fueron los técnicos quienes, en calidad de testigos, explicaban su papel y analizaban la situación que se vivió entre el 2005 y el 2006 en el Concello de Viveiro.
Alfonso Tenorio, el ingeniero responsable de urbanismo entre enero del 2000 y marzo del 2007, reconoció que las relaciones con el fallecido alcalde, Melchor Roel, eran «francamente malas, me fue haciendo el trabajo muy difícil». Y explicó que era «Básicamente por hacía informes que no le gustaban y me lo demostraba en las reuniones de las comisiones, enfadándose». Especialmente, dijo, a partir de que la Xunta dictara la normativa provisional que sustituyó a las normas subsidiarias, en marzo del 2006. Dijo también que quisieron aprovechar que había una nuevo gobierno y «que éramos gente nueva para hacer las cosas bien», dada la caótica situación de l urbanismo de Viveiro.. Las presiones que recibió le provocaron una depresión y tuvo que pedir la baja. Denunció a Roel por acoso laboral, cargo del que fue eximido el regidor. Reconoció también que los informes recogen «el juicio del informante», no son vinculantes, solo los de comisiones sectoriales. Qué normativa aplicar en cada licencia, a la hora de dar el silenciO, el decálogo que derivó del informe de Juan Pérez, el experto en urbanismo que marcó los criterios a seguir relacionados con el silencio administrativo, y las diferencias entre los informes de Cortón y los de Tenorio, también estuvieron presentes en las preguntas de las partes.
La técnica municipal Isabel Parapar también aludió a la situación «caótica, los expedientes era eran muchos y en muy difíciles casos de tramitación». Sobre el incumplimiento de la orden de demolición de una de las viviendas afectadas, dijo que el Concello debía anularla previamente.
Por su parte, la ex secretaria municipal, Sara Martínez, afirmó que «no gustaban los informes negativos», si bien la situación era «compleja».
César Aja negó animadversión personal
A preguntas del fiscal, el denunciante, César Aja, que ejerce la acusación popular, negó que su actuación fuera producto de una «animadversión personal» hacia Roel o el resto del gobierno local.
El exalcalde, y en aquel momento concejal del PP, manifestó que decidió denunciar después de «muchas advertencias « y de poner en conocimiento del director xeral de Urbanismo y de la entonces conselleira María José Caride, sin recibir respuesta, la situación de Viveiro. Aportó a la denuncia copias de documentos que solicitó al Concello. El popular señaló que desconocía quién contrató a Cortón, que no formó parte de la comisión especial de urbanismo, y que la facultad de aprobar licencias es del alcalde, que puede delegar a la junta de gobierno. «Nos enteramos por las actas de la comisiones de gobierno», señaló. Dijo que se extrañó de la contratación de técnicos externos, al considerar que el concello tenía técnicos y funcionarios «suficientes».
Al contrario que la fiscalía, Aja no acusa al técnico externo que emitió los informes.