El nombramiento de Puertas acaba con un purgatorio impuesto que ha resultado especialmente complicado para Javier Gago
19 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Hoy por hoy, presidir la Autoridad Portuaria de Vilagarcía es cualquier cosa excepto un caramelo. Mucho menos si quien se sienta en el despacho del muelle de Pasajeros tiene las horas contadas en el cargo. Javier Gago sabía que su futuro portuario estaba condenado desde que el Partido Popular recuperó el poder en Galicia en las elecciones del 1 de marzo. Lo que probablemente no podía prever entonces era que todavía tendría que pasar cuatro meses y medio más al frente de la institución antes de que la Consellería do Mar se decidiese a sustituirle. Cuatro meses y medio con toda la legitimidad jurídica del mundo en la mano para tomar cualquier decisión, pero un elemental obstáculo moral para dar pasos que comprometiesen la gestión de su sucesor. Sobre todo a lo largo de las tres últimas semanas, cuando el PP había anunciado ya que su amigo, el directivo de Caixanova Javier Puertas , recogería el testigo.
Las peleas internas del Partido Popular, focalizadas en Pontevedra y Vilagarcía, condenaron al Puerto a navegar sin un timonel sólidamente instalado en el puesto durante demasiado tiempo. Basta comprobar que Corina Porro tomó posesión en la Autoridad Portuaria de Vigo el 18 de mayo. Es decir, dos larguísimos meses antes de que el DOG publicase, este viernes, la destitución de Gago y la designación de Javier Puertas en su lugar. No solo eso. Tendrán que transcurrir aún varios días para que el nombramiento sea plenamente oficial, a través del Boletín Oficial del Estado.
Alguien puede pensar que, en realidad, tampoco pasa nada. Dos meses no son una vida, al fin y al cabo. Lo malo es que en estas ocho semanas ha pasado de todo. Para empezar, acaba de estallar un conflicto largamente larvado en torno a la terminal de contenedores, que desvela la paradoja en la que se mueve la Autoridad Portuaria desde que Contenemar y su filial Tercovi pusieron en marcha las instalaciones, en junio del 2008. Mientras las estadísticas van como un tiro, y los contenedores funcionan como verdaderos colchones que amortiguan la caída de tráficos que asola otros puertos, ni la institución arousana ni los trabajadores ven un duro, sin embargo, por parte de quienes gestionan el complejo de Ferrazo.
La cifra que adeuda Contenemar a la Autoridad Portuaria no ha trascendido, pero es importante. Tanto como para justificar la adopción de decisiones drásticas al respecto. La apertura de un expediente de rescate de la concesión, por ejemplo. No sería nada nuevo. Contenemar juega en el filo de la navaja siempre, y los puertos de Bilbao y Avilés, por citar dos casos, le han enseñado los dientes. Gago, presionado por Puertos del Estado y su consigna de ofrecer benevolencia mientras la crisis no comience a remitir, despojado por los resultados electorales y lo inevitable de su destitución de la fortaleza ética necesaria para dar un golpe en la mesa, no quiso o no pudo seguir el ejemplo de vascos y asturianos.
Las indecisiones del PP no han contribuido, por lo tanto, a fortalecer la gestión portuaria. Pero tampoco es la primera vez que algo así ocurre. Esta semana, Finsa-Foresa ha abierto por fin sus instalaciones al ojo público. Nunca había sucedido. Ojo, porque sus representantes también han formulado lo que muchos se temían a la vista de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los depósitos: si existen problemas es porque el Estado español no traspuso en su día correctamente la directiva europea que tutela los procesos de evaluación ambiental. Y si esto es así y la multinacional gallega sufre las consecuencias, la empresa se reserva su derecho de reclamar a la Administración hasta el último euro de los perjuicios que se le cause.
Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el de Fomento garantizaron hasta en dos ocasiones en noviembre y diciembre de 1999 -el Concello, regido precisamente por Gago López, había pedido una segunda opinión antes de conceder licencia de obra y actividad- que la evaluación ambiental era totalmente innecesaria desde el punto de vista legal. Es más, se negaron a atender un acuerdo plenario por el que la corporación municipal solicitaba un estudio de carácter voluntario. ¿Quienes dirigían entonces ambos departamentos? Los populares Isabel Tocino y Rafael Arias-Salgado , arietes de aquel laureado primer Gobierno de Aznar . Algo tendrá que decir la gaviota.