Ravella devuelve 110.000 euros a la Xunta por el bloqueo de la Casa Jaureguizar
AROUSA
El gobierno local denuncia la parálisis administrativa de Patrimonio
14 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Vilagarcía se ha visto obligado a devolver al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) otros 110.000 euros correspondientes a la segunda anualidad del préstamo sin intereses concedido por la Xunta para la rehabilitación de la Casa Jaureguízar. Se trata de un crédito total de 884.000 euros, con una vigencia de ocho años, de los cuales ya se han consumido dos sin que el proyecto haya podido ponerse en marcha. El motivo, según el gobierno local, es la «pasividade» de la Dirección Xeral de Patrimonio, que desde febrero mantiene sin resolver el expediente técnico necesario para autorizar las obras.
La portavoz municipal, Tania García, asegura que la situación es «insostible» y refleja un problema estructural en la gestión autonómica. «Se teñen moito traballo, que contraten máis técnicos ou que deleguen as súas competencias. Nin os concellos nin os particulares podemos seguir así», afirma. La edil explica que aunque en el caso de la Casa Jaureguízar pueda entenderse cierta demora por su complejidad y el debate sobre qué elementos conservar, no hay justificación para otros expedientes atascados, como el de la humanización de la rúa Vicente Risco, pendiente desde junio, o la instalación del escudo de piedra de los López Ballesteros en la plaza de A Independencia, paralizado desde enero. «Xa non é que estea interferindo na execución normal do Presuposto do Concello», subraya García, «senón que, como no caso de Jaureguízar, compromete financiamento que é, paradoxalmente, da propia Xunta».
El convenio entre el Concello y el IGVS fue firmado en diciembre de 2023 dentro del Fondo de Cooperación destinado a la rehabilitación de patrimonio en municipios menores de 50.000 habitantes. La Casa Jaureguízar, adquirida previamente por el Concello al Plan Nacional sobre Drogas, estaba llamada a convertirse en un centro de mayores. Pero el proceso se torció desde el principio.
Patrimonio exigió en 2024 un estudio de patologías de los materiales, que el Concello encargó y remitió. Sin embargo, en mayo de ese mismo año la Dirección Xeral denegó el derribo del interior del inmueble, pese a que se mantenía la fachada principal. En agosto, el alcalde, la concejala de Urbanismo, el arquitecto municipal y el redactor del proyecto se reunieron en Pontevedra con los responsables autonómicos. En aquel encuentro se acordó presentar un informe de ruina técnica para desbloquear la obra. El documento fue entregado el 13 de febrero de 2025, pero desde entonces no ha habido respuesta. En septiembre, el Concello solicitó una nueva reunión. Aunque los técnicos de Patrimonio mostraron buena disposición, el expediente continúa paralizado. «O Concello atópase nun limbo», reconocen fuentes municipales, ya que desconoce si el informe de ruina será finalmente aprobado. De esta decisión depende la continuidad del proyecto inicial o su modificación total.