La Audiencia de Pontevedra abre juicio a la red del fallecido Nené Barral 24 años después de su detención

Serxio González Souto
Serxio González VILAGARCÍA / LA VOZ

RIBADUMIA

José Ramón Barral, en los juzgados de A Parga, en una imagen tomada en el 2016, el año del que data el escrito de acusación de la Fiscalía
José Ramón Barral, en los juzgados de A Parga, en una imagen tomada en el 2016, el año del que data el escrito de acusación de la Fiscalía Capotillo

El exalcalde de Ribadumia expiró en el 2023 sin haber sido condenado nunca por contrabando de tabaco

18 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El 23 de noviembre del 2023 expiraba Nené Barral, a quien se atribuía la categoría de pionero del contrabando de tabaco en Galicia. Uno de aquellos hombres que, junto a Vicente Otero, Terito, rompieron la dependencia de las redes gallegas con respecto a los clanes portugueses para comenzar a volar por sí mismas. José Ramón Barral, como en realidad se llamaba, vio truncada su sólida carrera política al ser detenido en mayo del 2001 en relación con varias operaciones internacionales de matute, acusado de liderar una organización con extensas ramificaciones. Este lunes, cuando han transcurrido casi 24 años del arresto que lo obligó a dimitir de su cargo como alcalde de Ribadumia por el Partido Popular, y un año después de su muerte, aquel caso decimonónico será juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El escrito de acusación de la Fiscalía —firmado en el 2016, no menciona el óbito del principal investigado— se cierne sobre una docena de personas, entre ellas el propio Barral, que se fue sin haber sido condenado por contrabando. También tres funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, con atribuciones de observadores aéreos a bordo de las aeronaves con las que el SVA peinaba el litoral gallego, y un agente de la Guardia Civil. La investigación concluye que los cuatro estaban en nómina del grupo que el histórico político presuntamente comandaba desde su despacho en el Concello de Ribadumia. Allí, sostiene el fiscal, recibía llamadas y filtraciones de sus quintacolumnistas, y tomaba las decisiones oportunas.

El ministerio público se detiene en varias operaciones que atribuye a la red entre los años 1996 y 2001. Detalla que la organización, perfectamente estable, estaba constituida por ciudadanos portugueses, holandeses, suizos, croatas, norteamericanos, ingleses y polacos, además de gallegos y valencianos, con capacidad de adquirir embarcaciones en Suecia, Polonia o Grecia, que eran fletados y se hacían a la mar desde los puertos de Dakar, en Senegal, Cork, en Irlanda, o Banjul en Gambia. Sus negocios tocaban los puertos de Amberes y Róterdam, el epicentro europeo del transporte de mercancías por vía marítima, y manejaban tanto el clásico transbordo entre pesqueros como la ocultación del tabaco en contenedores. Winston y Magnum Especial eran dos de sus marcas favoritas. La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los siete años de cárcel y los 18 meses de multa.