La demanda presentada por el gobierno local, y que fue admitida por el TSXG, solicita la anulación del actual mapa de emergencias gallego
02 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Noia perdió su condición de sede de unos de los equipos de emergencias financiado por la Xunta hace dos años. De aquella época quedan para el recuerdo acusaciones dirigidas al Gobierno gallego, concentraciones vecinales y políticas y, sobre todo, la sensación de que a Noia se le escapó este servicio por una cuestión que nada tenía que ver con criterios objetivos. El tiempo pasó y el Concello decidió mantener los puestos de trabajo del antiguo Grumir con fondos propios. Ahora, el ejecutivo que preside García Guerrero lucha ante la Justicia con una demanda, que ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la que acusa abiertamente al Gobierno de Feijoo y a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) -ambos acordaron el nuevo mapa de emergencias autonómico- de actuar bajo intereses partidistas.
Pero al margen de los reproches verbales del pasado, la demanda incluye otras acusaciones que están argumentadas y que tienen difícil justificación. La primera es que, según consta en el escrito, el acuerdo alcanzado en su día por Xunta y Fegamp para repartir las sedes de los GES fue hecho público antes de aprobarse el expediente administrativo. Una vez que el Concello de Noia exigió en Santiago una copia del citado documento, «y casi por arte de magia y con fecha posterior», apareció firmado. En ese expediente -que el alcalde noiés asegura que solicitó diez veces sin éxito- se puede ver que no fueron respetados unos criterios objetivos geográficos y poblacionales para repartir estos equipos de emergencias.
Por todo esto, el Concello pide que se declare nulo este reparto de las sedes de los GES y que se vuelva a convocar, tal y como aparece en el suplico de la demanda, alegando que la distribución fue arbitraria y sin motivación.
La demanda desvela también que tendrían que haberse hecho dos procesos administrativos, uno con las bases de los GES y otro con el reparto de las ayudas, pero tanto la Xunta como la Fegamp se habrían limitado a mezclar todo, los que es presuntamente irregular. En el caso de que la Justicia decida que no procede la nulidad del convenio, existiría la posibilidad de declarar su anulabilidad, lo que significaría que dicho acuerdo serviría pero habría que revisar el establecimiento de algunas sedes. Esto conllevaría repetir la distribución para que todos los concellos puedan participar en igualdad de condiciones.
La denuncia relata una sucesión de irregularidades administrativas