La judicialización inunda y enmaraña la política local

Juan Ventura Lado Alvela
j. v. lado CEE / LA VOZ

CARBALLO

Los candidatos a las alcaldías de la Costa da Morte antes de las elecciones del 2011.
Los candidatos a las alcaldías de la Costa da Morte antes de las elecciones del 2011. josé manuel casal< / span>

Buena parte de los concellos tienen investigaciones abiertas que afectan a ediles, casi siempre por denuncias entre ellos

08 jun 2014 . Actualizado a las 07:08 h.

Las disputas políticas que acaban en los tribunales, lejos de ser excepciones, se están convirtiendo en la norma en la Costa da Morte. Estos conflictos dan lugar a investigaciones que afectan a buena parte de los municipios de la zona y que, debido a los plazos que se manejan, acaban eternizando las distintas causas.

¿Cuál es su origen?

Hay casos muy significativos, como la operación Orquesta, en el que algunos afectados se quejan de manejos políticos, que saltaron a partir de actuaciones policiales, pero lo habitual es que los expedientes se inicien a partir de las denuncias que interponen unos rivales contra otros.

¿Qué casos están abiertos en estos momentos?

Al margen de los 12 alcaldes y concejales imputados y asuntos que puede que todavía no hayan salido a la luz, las situaciones en principio más relevantes son las de los alcaldes de Vimianzo, Dumbría y Coristanco. El primero, Manuel Antelo, está envuelto en una lista prácticamente inabarcable de asuntos, casi todos con el mismo origen, las denuncias de los concejales que promovieron la moción de censura. El más destacado y que afecta a toda la junta de gobierno es la contratación de la secretaria de la Alcaldía en la que se abrieron diligencias previas, aunque también le acusan de un supuesto chantaje a la edila Montserrat Vázquez. Cuestiones que Antelo entiende como un intento de derribarlo a cualquier precio.

En el caso del regidor dumbriés, José Manuel Pequeño, las denuncias, por asuntos urbanísticos, también vienen de los rivales políticos del PP, como le ocurre al alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso. Por contra, el coristanqués Antonio Pensado, está señalado por favorecer supuestamente a unas empresas.

¿Son los únicos?

No, al alcalde de Muxía, Félix Porto, también lo involucraron en un caso de supuestas irregularidades con una agente electoral, que quedó archivado, y al larachés, José Manuel López Varela, lo denunció un vecino por el campo de fútbol de Caión, aunque los jueces determinaron que no hay indicio delictivo alguno. En Corcubión, tres de los cuatro miembros del grupo de gobierno están imputados por diferentes causas.

¿Qué argumentan los denunciantes?

En los casos de Vimianzo y Camariñas, por ejemplo, que son los más recurrentes, quienes interponen las denuncias aseguran que lo hacen, o bien para defenderse de las tropelías a las que son sometidos y que no les dejan resolver por vías políticas o que, únicamente, cumplen con su misión de señalar aquellas conductas que consideran irregulares y que van en detrimento de todos los vecinos, que es lo mismo que dice el concejal del PP de Dumbría Ramiro Iglesias.

¿De qué se quejan los denunciados?

Son varios los afectados por las querellas que ven en estos procesos un intento de ganar en los juzgados lo que no se consigue en las urnas. El más claro al respecto fue el alcalde de Dumbría, José Manuel Pequeño, que apuntó directamente al presidente y el vicepresidente de la Xunta como los encargados de alimentar una estrategia en la que se servirían de terceros para acosar a los regidores de la Costa da Morte que no les son afines. También el teniente de alcalde de Corcubión, Manuel Insua, señalaba este viernes que «algo está pasando» en las Administraciones locales porque no entiende que gente que trata de hacer un servicio público lo mejor que puede y de manera desinteresada se tenga que ver envuelta en juicios. El primer edil de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso, siempre le dice a los populares que si está en los juzgados es por culpa de ellos.

¿Qué previsiones hay de resolver estos casos?

Las situaciones son muy dispares unas de otras pero, en términos generales, todas acumulan dilaciones que responde a los propios plazos de la Justicia que son mucho más lentos que los de la política y generan serias disfunciones.

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