El portavoz de Montes argumenta que hay que dejar trabajar a la Justicia porque la Xunta ya ofreció la colaboración solicitada
27 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Partido Popular rechazó ayer en el Parlamento de Galicia que la Xunta abra una investigación exhaustiva y en profundidad de los contratos suscritos por el gobierno autonómico con las empresas del vimiancés Manuel Maceiras, el principal implicado en trama de ayudas irregulares a la reforestación de la Costa da Morte.
La diputada del BNG Tereixa Paz exigía estas medidas después de que el juez de Corcubión que lleva la causa, Iván Barallobre, se hiciese eco en su auto del pasado 10 de noviembre de las supuestas anomalías detectadas por los agentes de la UDEF, como por ejemplo, la firma de contratos públicos con Maceiras antes de que los trabajos en cuestión le fuesen adjudicados a él.
El PP, en lugar de aceptar la propuesta de los nacionalistas, quiso introducir una enmienda en el sentido de instar a la Xunta a seguir investigando lo sucedido como lo venía haciendo hasta ahora. Sin embargo, esta medida fue tachada de insuficiente y «falta de sentido» por parte de Paz, ya que el propio juez se ha quejado en sus autos de la falta de colaboración por parte del gobierno autonómico.
«Noutro caso poderíanos valer iso de instar á Xunta, pero neste non, porque que sigan facendo o mesmo que ata o de agora está claro que non é unha alternativa, sobre todo dúas semanas despois de que se coñecesen as críticas do propio xuíz», señaló la diputada del BNG.
En cambio, el portavoz de Montes del PP, José Manuel Balseiro, defendió que se «deixe actuar á Xustiza» porque la Administración autonómica, que «é a primeira interesada» en esclarecer lo sucedido, «colaborou e segue a cooperar» con los tribunales en el envío de toda la documentación solicitada. Además, realizó «un control de calidade adicional» con técnicos ajenos al Distrito Forestal V e incluso mantuvo diversas reuniones informativas y le dio acceso a los documentos a los afectados. Unas afirmaciones que chocan de frente con lo manifestado, sobre todo por el sindicato FRUGA que representa a los damnificados y que ve indicios claros de un intento de obstrucción por parte de la Xunta desde el primer día.
Sin embargo, Balseiro insistió en que se está actuando correctamente y que, una vez terminada la investigación judicial, ya llegará el momento de adoptar las medidas pertinentes, incluido depurar las responsabilidades que se puedan depurar de estos hechos.
Por otra parte, el diputado conservador incidió en que las ayudas a la reforestación se concedieron con base a la normativa aprobada en el año 2008 por la Dirección Xeral de Montes y que el 66 % de los expedientes que ahora están bajo sospecha fueron tramitados durante el gobierno del Bipartito.
Unas explicaciones que no convencen a los nacionalistas porque consideran que una cosa es el proceso judicial y otra la necesidad de que la Administración depure sus errores.