Condenan a readmitir a un vigilante de seguridad que cobraba 1.926 euros al mes y que rechazó un trabajo a 66 kilómetros de su puesto
CERCEDA
El TSXG da la razón, en segunda instancia, al trabajador y sentencia a la empresa a readmitirlo o, en su lugar, deberá indemnizarle con 15.832 euros
23 ene 2025 . Actualizado a las 13:49 h.Fue contratado a finales del 2012 por una empresa de seguridad privada. Su puesto de trabajo, velar por el control y la seguridad en las instalaciones de una multinacional en Cerceda. Por desempeñar esta labor, percibía 1.926 euros mensuales, repartidos de la siguiente manera: 1.716 en concepto de sueldo, pagas extraordinarias prorrateadas, 115 de plus de transporte y 94 de complemento de vestuario.
En el 2020, la compañía en la que prestaba sus servicios de vigilancia le comunicó a la empresa que rescindía el contrato para el centro operativo de Cerceda. Meses después, la empresa de seguridad logró otro contrato para llevar la vigilancia en otros centros y áreas de trabajo. Entonces los responsables le propusieron al operario la opción de ejercer su profesión en otro lugar, situado a 66 kilómetros del actual, pero el vigilante rechazó el ofrecimiento. Poco después, la dirección le comunicó el despido inmediato por causas objetivas y de producción. Fueron tres los operarios cesados, precisamente los que llevaban menos tiempo dados de alta en la Seguridad Social.
A este vigilante, en concreto, le remitieron una carta. En la misiva le explicaron los motivos de la ruptura del contrato: «Lamentando profundamente la presente situación, le garantizamos que la empresa dará buenos informes de usted cuando se le requieran». De forma paralela, le ingresaron la liquidación del contrato mediante transferencia bancaria: 8.169,76 euros. Es decir, veinte días de salario por año trabajado.
Pero este trabajador se mostró disconforme con la resolución. Alegó que su cese no vino motivado por causas objetivas o productivas, toda vez que, aunque sí es cierto que se perdió el contrato de vigilancia de Cerceda, la compañía había ganado otro concurso, con el que se cubrieron 21 puestos de trabajo.
Ante la negativa de la empresa de aceptar la reclamación, el operario presentó acta ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), sin alcanzar un acuerdo. El vigilante recurrió entonces por la vía judicial.
El Juzgado de lo Social número 5 de A Coruña dio la razón, en primera instancia, a la empresa de seguridad. La autoridad judicial considera que sí se dan las circunstancias organizativas, técnicas y de producción, y que estos hechos apuntados por la empresa quedaron «objetivamente acreditados». La compañía habla de una «necesaria amortización del puesto de trabajo» porque la multinacional para la que prestaba sus servicios decidió cancelar el contrato en Cerceda.
Disconforme con esta resolución, el trabajador presentó recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En su escrito, el abogado esgrimió que no quedó acreditado el despido por causas objetivas, organizativas y de producción y que, por tanto, no se ajustó a lo que establece la normativa. El letrado habla claramente de «despido improcedente», al considerar que tras el cese de su cliente, la empresa «decidió sustituirlo por otro trabajador». Cree que no era necesario ofrecerle a su patrocinado otro puesto alternativo, situado a 66 kilómetros, cuando había vacantes mucho más cerca de Cerceda. La empresa por su parte, se mantuvo en sus argumentos. Que el despido vino motivado por causas objetivas, organizativas y de producción y que el trabajador se había negado a aceptar otro empleo en la comarca de Ferrolterra, a 66 kilómetros de Cerceda.
Con estos argumentos, la sección primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló, en segunda instancia, a favor del demandante. Los magistrados estimaron el recurso de suplicación, revocaron la sentencia dictada en primera instancia y declararon «improcedente el despido», debido a que la empresa, según el tribunal, pudo mantener al trabajador en plantilla sin tener que proceder al cese inmediato. Los jueces entienden además que no se dan las circunstancias argumentadas por la empresa. El TSXG condena así a la compañía a readmitir al trabajador en un plazo máximo de cinco días o, en su lugar, deberá indemnizarle con 15.832 euros.
Contra esta segunda sentencia, las partes pueden presentar, si lo estiman oportuno, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.