Antonio Pensado, exalcalde de Coristanco: «Jamás ordené el pago de una factura sin tener el visto bueno de intervención»

Tranquilo y «con ganas de decir la verdad». Así se mostró este miércoles por la mañana el alcalde de Coristanco entre 1991 y 2015, Antonio Pensado Plágaro, justo antes de prestar declaración en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Se trata de una de las piezas judiciales separadas y abiertas en su contra por supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración, unos hechos por los que la Fiscalía solicita 5 años de prisión y 27 de inhabilitación. En concreto, por dos presuntas irregularidades: ordenar el pago de tres facturas de material de construcción (hormigón) con cargo al erario público para un uso supuestamente privado, y por el suministro de gasoil tipo C de calefacción para instalaciones municipales «a un precio muy superior al que fijaba el mercado en el 2012», según el relato de la Fiscalía.

Ante el tribunal y a preguntas del Ministerio Público, Antonio Pensado negó los hechos que se le atribuyen. En los 45 minutos que duró su declaración, el exregidor del PP de Coristanco explicó que, en el caso de las obras públicas, se contrataba a una determinada empresa cuando era necesario, «al tratarse, por ejemplo, de una actuación de emergencia», como sucedía de forma habitual con las roturas de las canalizaciones de la traída. Puso de manifiesto que él, como mandatario, no intervenía en los procedimientos de contratación. La petición de material la realizaba «un funcionario o un trabajador municipal dedicado a esa materia». Y añadió: «Yo como responsable, al final, firmaba el pago, ordenado siempre por el departamento de intervención, que jamás me advirtió de nada», afirmó. En relación a las tres facturas motivo de litigio, Pensado defendió en todo momento que se trató de una obra en «un camino público» situado «a unos 250-300 metros» de su domicilio, situado en el lugar de Segufe, en la parroquia de Seavia. «Hubo problemas de canalización de un regato que va a desembocar al Anllóns y hubo que hacer una actuación de emergencia, que conllevó la compra de hormigón», justificó en la sala. Se trató de «una obra pequeña y por ello no había contrato».

En relación a las dos facturas firmadas por un hijo y una tercera, cuya rúbrica se le atribuye a su esposa, los dos allegados del alcalde esgrimieron ante el tribunal sus respectivos motivos. El primogénito habló como empleado municipal, adscrito a la brigada de obras y señaló que firmar albaranes forma parte de su trabajo diario. Estos reconocimientos de deuda se entregan posteriormente al concejal correspondiente quien, a su vez, se encarga de remitirlos a intervención.

En el caso de la mujer del alcalde, ella no recordó haber firmado albarán alguno el 9 de junio del 2011, aunque tampoco lo negó de forma taxativa: «A lo mejor, en aquel justo momento no había ningún trabajador cerca de la obra y yo, que andaba por allí, me pedirían [el transportista] por aquello de las prisas que firmara, pero no lo recuerdo bien». Eso sí, a renglón seguido reconoció que si lo hizo se trató de un error, pero negó haber firmado una partida de hormigón para darle a ese material un uso particular.

Gasóleo

Con respecto a la compra del gasóleo, Antonio Pensado defendió en todo momento que eran los funcionarios los que se encargaban de pedirlo y que él solo se ocupaba de firmar: «Nunca firmé un contrato con nadie para la compra del gasóil», insistió. Sobre el precio que se abonó -2,46 euros más IVA por litro- el triple del precio de mercado por aquel entonces, indicó que la interventora le había advertido en una ocasión que se trataba de unos guarismos fuera de mercado. «Yo le dije a la funcionaria que hiciera lo que tuviera que hacer», aunque finalmente, según su versión, la técnica municipal dio luz verde al pago de dos facturas, por importe conjunto de 4.646 euros.

También declaró, en calidad de testigo, el gerente de la estación de servicio que suministró el combustible al Concello de Coristanco. Alegó que por aquel entonces el Ayuntamiento tardaba en pagar las facturas en torno al año y medio, mientras que él pagaba a sus proveedores de manera casi inmediata. Esa dilación en los pagos, según el autónomo, es lo que motivó ese alza en el precio final del combustible.

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