La Xunta admite las peticiones de cinco empresas para investigar recursos mineros en A Coruña y Ourense

Beatriz García Couce
Beatriz Couce REDACCIÓN

VIMIANZO

La empresa Caolines de Vimianzo, en foto de archivo, es una de las solicitantes
La empresa Caolines de Vimianzo, en foto de archivo, es una de las solicitantes Ana Garcia

La Consellería de Economía dejó desierto el concurso en Lugo

22 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta ha admitido las solicitudes de cinco empresas para investigar recursos mineros, después de haber sacado a concurso a principios de año derechos caducados. Así, Epifanio Campo, Refractarios Campo y Caolines de Vimianzo elevaron sus peticiones a la Consellería de Economía para la obtención de derechos en la provincia coruñesa, mientras que Canteras Ávila y Áridos Técnicos, en la de Ourense. Así lo recogió ayer el Diario Oficial de Galicia (DOG), que publicó también que quedó desierta la convocatoria para la adjudicación de derechos mineros en Lugo. 

Las empresas Epifanio Campo y Refractarios Campo presentaron solicitudes para realizar investigaciones en los municipios de Mesía, Muxía, Dumbría y Vimianzo, mientras que Caolines de Vimianzo las registraron para ese municipio y Dumbría.

En las parcelas designadas existen indicios de la existencia de caolín, mica, wolframio, estaño y arcilla.

En el caso de las compañías que optan a la concesión de los derechos en la provincia ourensana, persiguen investigar la posible existencia de arcilla, losa, granito ornamental y rocas. Las futuras investigaciones se desarrollarán en los municipios de Xunqueira de Espadanedo; O Barco de Valdeorras; Vilamartín de Valdeorras; Petín; Cortegada; O Irixo; Vilamarín; Amoeiro; Coles y San Cristovo de Cea.

La firma Áridos Astariz había solicitado su participación en el concurso, pero al no presentar la documentación que le fue requerida por la Administración autonómica, fue excluida del proceso.

El concurso ahora continúa. Cuando se abrió oficialmente la adjudicación de los derechos mineros caducados, a principios de año, la Xunta afirmó que serían adjudicados a aquellos proyectos que ofreciesen «las mejores condiciones científicas y técnicas así como económicas, sociales, ambientales y jurídicas, teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, responsabilidad y seguridad». También tenían que cumplir la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia.