Los trabajadores de Sykes llevaron a cabo ayer una manifestación desde las instalaciones de la firma en la Grela ante el edificio administrativo de la Xunta en Monelos para reclamar que la Xunta no respalde el expediente de regulación de empleo que afecta a 278 trabajadores de los centros de A Coruña y Lugo y que podría suponer a otros 300 despidos de empleados temporales, según los sindicatos.
Con la protesta pretenden que Traballo asuma sus tesis de que la documentación presentada por la firma de telemárketing no justifica la presentación de un ERE. Con lemas como «Xunta escoita, Sykes está de loita», «Non á deslocalización» y «Estes despidos son un fraude», los trabajadores se presentaron ante las instalaciones de la Xunta y anunciaron que el próximo martes, la protesta será por la tarde ante la Delegación del Gobierno, aunque antes, mañana, la comisión negociadora volverá a tener un encuentro con la empresa.
Aunque los delegados sindicales han solicitado que se retire el ERE, aseguran que ven poco probable que la compañía atienda sus demandas y afirman que la pérdida del contrato del 1004 de Telefónica y la bajada de la carga de trabajo de Vodafone no justificarían el despido de casi el 50% de la plantilla de esta multinacional, de las 995 personas con las que actualmente cuenta en Galicia. «Entendemos que el ERE tal como está presentado es innegociable», comentó la presidenta del comité de empresa, Catalina Dopico.
Por otra parte, informaron de que desde la Inspección de Trabajo se ha solicitado nueva documentación a la firma, ya que parte de la misma fue presentada en inglés, según comentó el delegado de UGT, Jacobo Brull.
Conselleira
Por su parte, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, indicó ayer en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, que «pronunciarme sobre un expediente de regulación de empleo presentado el jueves sería una irresponsabilidad por mi parte», por lo que, añadió, su departamento «estudiará la propuesta y comprobará que se ajuste a los requisitos marcados por la ley antes de tomar cualquier decisión».
Mato confesó «estar muy preocupada por la situación de más de doscientas familias y entiendo que reclamen que rechacemos el ERE, pero tenemos la obligación de tramitarlo, porque la autoridad laboral debe ser vigilante y rigurosa».