En cuatro años el gobierno local impuso sanciones a 44 inmuebles por valor de 170.000 euros
16 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Un edificio habitado de la calle Parrote fue objeto de cuatro sanciones por valor de 25.000 euros a causa de las deficiencias detectadas por el Ayuntamiento en los últimos cuatro años. A pocas manzanas, en Damas, los dueños de una casa en ruinas recibieron notificaciones de multas por 36.000 euros en 13 años, de 300 euros las primeras y 10.000 las dos últimas. Pero, como ocurre en decenas de casos, el apremio no dio frutos.
La propiedad persistió en el abandono y, «ante el incumplimiento de los deberes relativos a su edificación, conservación y rehabilitación», el gobierno local inició la venta forzosa del edificio, mediante subasta pública, con un precio de salida de 110.000 euros. Está abierto durante unos días aún el período de información pública para que los dueños se manifiesten y los posibles compradores obtengan información de la ruina. Si al final del proceso no hubiese ofertas, el Ayuntamiento podría adquirirlo.
«É complexo —advirtió el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, tras anunciar la puja y los primeros resultados del plan contra la ruina trazado por su equipo—; son propiedades privadas que, nalgúns casos sofren deterioro ou desleixo pola inacción dos seus donos, e, a miúdo, tamén pola falta de acordo entre herdeiros».
Por el momento, tres edificios saldrán a subasta, otro se rehabilitará, dos más han recibido informes de viabilidad en la comisión del Pepri —todos ellos en Ciudad Vieja y Pescadería— y un séptimo en Santa Lucía está pendiente de que el juzgado resuelva la venta.
Quedan algo más de 200 edificios en ruinas en la ciudad. El silencio de los propietarios y la lentitud de los procedimientos ponen a prueba la voluntad política y la solidez de los programas de recuperación a largo plazo. A pesar de que muchas sanciones nunca llegan a cobrarse por la imposibilidad de esclarecer la propiedad y a quién corresponde hacerles frente, las multas coercitivas son la primera medida de presión para poner coto al desplome de la ciudad histórica.
En los últimos cuatro años, el gobierno de Inés Rey impuso sanciones a 44 edificios por valor de 170.000 euros. No bajan de 1.000 ni suben de 10.000 cada una, pero en media docena de casos los incumplimientos motivaron hasta tres y cuatro expedientes. Habitadas muchas y algunas con un valor patrimonial significativo, hilvanan la historia urbana en el Orzán, Azcárraga o Monte Alto, pero también en As Xubias, Visma y Nostián.