Cooperativistas de Xuxán piden explicaciones a la conselleira de Vivenda sobre su situación jurídica
A CORUÑA
Los gestores decidieron subrogar a las familias a una nueva sociedad que no conserva el derecho del suelo y, según el consejo rector, tiene el visto bueno de la Xunta
23 may 2025 . Actualizado a las 12:41 h.Los cooperativistas de Galivivienda han pedido este viernes explicaciones a la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, sobre la situación legal en que se encuentran después de que los gestores del proyecto de construcción de 224 viviendas en el barrio coruñés de Xuxán decidiesen subrogarlos a una nueva cooperativa sin derechos con el visto bueno, según les aseguraron, de la sociedad de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), dirigida por la propia conselleira.
«Queremos expresar nuestra preocupación por las afirmaciones de los gestores sobre que han subrogado a los socios a la cooperativa Galivivienda Alquiler50, pero que los derechos de cesión de superficie siguen perteneciendo a la cooperativa inicial Galivivienda, por lo que actualmente, socios y derechos estarían en diferentes cooperativas», explican las familias en un comunicado.
Ante la incertidumbre en que se encuentran, solicitan a la conselleira «que aclare esta situación» y que «se garantice la seguridad jurídica de los socios, se verifique de forma transparente la legalidad de esta subrogación y se exija que los derechos de superficie estén vinculados directamente a la cooperativa de la que los socios forman parte».
Las familias también salen a paso de las declaraciones de responsables del ICO tras la reunión que mantuvieron con los gestores esta semana, en las que reconocían «una simple buena disposición para buscar una solución de financiación», pero de momento sin ningún acuerdo «e incluso con falta de documentación por parte de la gestora» para seguir avanzando.
«Creemos que las eufóricas declaraciones de Rafael Román, gerente de Galivivienda Alquiler50, en las que llegaba a decir que el ICO estaba “deseoso de financiar proyectos de esta naturaleza” y que “no ha pedido 1.000 euros a los socios ni la cooperativa tampoco, el problema es inventado”, no son más que una nueva estrategia comercial para intentar hacer creer a los socios, a los medios y a la ciudadanía que el problema de la financiación está solucionado, cuando en realidad sigue exactamente en el mismo punto desde hace más de un año».
El caso de Galivivienda saltó a la primera plana el 12 de mayo después de una asamblea en la que los gestores de esta cooperativa, a la que la Xunta dio en concesión cuatro parcelas en Xuxán por un período de 50 años para construir pisos de alquiler social, plantearon a las familias un desembolso mensual superior a 1.000 euros.
Más de un año después de la escritura de cesión del suelo, «se nos dice que está todo avanzado y ultimado, pero finalmente no hay ninguna propuesta real sobre la mesa. Y el tiempo sigue corriendo con la consecuencia de pérdida de años de habitabilidad», denuncian.
«Suponíamos que esto iba a suceder y no nos coge de sorpresa, pero parece que a la Consellería de Vivenda sí le ha convencido este discurso. Hasta tal punto le ha convencido que, pese a las pruebas que le hemos presentado de la dudosa gestión hecha hasta el momento, ha decidido colocar a Galivivienda como un afectado más en esta situación», añaden en referencia a la intervención de Martínez Allegue en el pleno del Parlamento del 21 de mayo, en la que observan «un cambio total de discurso» respecto a su última reunión. «Ahora ha pasado al discurso de la defensa total de la gestora, poniéndola como víctima. Entonces, nosotros, ¿qué somos?, ¿“los boicoteadores”, como nos ha calificado el señor Rafael Román? No, somos familias en situación de vulnerabilidad para acceder a una vivienda, somos los que nos ilusionamos con este proyecto y decidimos sacar ahorros de dónde no los tenemos o pedirlos para poder acceder», defienden.
Conforme la situación se fue complicando y la falta de financiación y de horizonte se hizo evidente, los cooperativistas mantuvieron reuniones con el Ayuntamiento, la Xunta y el Gobierno central. «Todos nos han mostrado comprensión, apoyo y hasta nos ha parecido que percibían claramente dónde fallaba este proyecto, en la gestión, sobre todo cuando hay otra cooperativa en el mismo barrio de Xuxán con condiciones totalmente diferentes, infinitamente más razonables y que parece funcionar exitosamente», relatan.
Por ello, interpretan que la posición defendida por Martínez Allegue en el Parlamento constituye «un claro intento de eludir la responsabilidad de la Consellería de Vivenda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo, por su inacción en la supervisión que debería haber llevado a cabo de este proyecto de nada menos que 224 viviendas sociales en suelo público».