José María Ruiz-Mateos ha acreditado que padece una lumbalgia que le impide moverse para no acudir ayer a declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, que sigue la investigación contra el Rayo Vallecano por tres presuntos delitos fiscales. Este es el segundo aplazamiento por motivos médicos.
Por su parte, Javier Ruiz-Mateos Rivero, también citado ayer, ha prestado declaración como imputado unos 25 minutos más tarde de la hora a la que estaba convocado. Uno de los motivos que ha influido en el retraso en su declaración ha sido el altercado que se ha producido a las puertas del juzgado, cuando la policía ha requerido a uno de sus acompañantes para que explicara los motivos por los que ha intentado aparcar el coche en el aparcamiento de las dependencias judiciales. Tras la declaración de Javier Ruiz-Mateos, el coche lo ha recogido en la salida de las dependencias judiciales madrileñas, donde ha intentado evitar las cámaras de televisión.
La investigación sobre un presunto delito de falsedad documental está relacionado con las actas de las juntas de accionistas de la sociedad. En el caso del presunto delito de alzamiento de bienes, el juzgado investiga en relación con los ingresos que generó la publicidad de la marca Clesa, que se incorporó a las camisetas de los jugadores.
El procedimiento, que se encuentra en fase de instrucción avanzada, ya cuenta con las declaraciones de los miembros de la asesoría jurídica de la sociedad, al administrador y su presidenta, Teresa Rivero.
Según las cuentas de Rayo Vallecano del 2008-2009, los principales acreedores son Hacienda y la Seguridad Social, que le reclaman 21,68 millones euros, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2004 y el 2008. De esa cantidad, 14,4 eran en concepto de IRPF, otros 2,8 por IVA y 2,19 más por deudas con la Seguridad Social. La Administración Tributaria también había determinado que el equipo contrajo entre el 2000 y el 2002 una deuda de 9,03 millones de euros en concepto de IRPF.