Anuncia el paro desde el día 16 si no se modifica el real decreto de venta de los derechos audiovisuales
07 may 2015 . Actualizado a las 15:01 h.Ángel María Villar amplía su pulso a todo aquel que no se somete a sus directrices. El presidente de la Federación Española de Fútbol, enfrentado a la Liga y al Consejo Superior de Deportes tras negarse a auditar las cuentas las del organismo que preside desde 1988, ha arrastrado para su causa a la Asociación de Futbolistas Españoles, los árbitros y los entrenadores para someter al Gobierno a un nuevo chantaje. Bajo la exigencia de que el Ejecutivo retire antes de diez días el Real Decreto que permite la venta centralizada de los derechos audiovisuales, la federación ha anunciado la «suspensión indefinida de todas las competiciones a partir del 16 de mayo».
El comunicado emitido tras la junta directiva de la federación, de la que se ausentaron algunos de los clubes, califica de «irrespetuosa» la actitud «del Gobierno de España». A la reunión no asistieron los representantes del Real Madrid, Barcelona, Atlético y Celta, y los que permanecieron hasta el final, al igual que los que abandonaron la reunión, rechazaron una huelga que puede tener graves consecuencias para el fútbol español. El paro pone en riesgo la venta centralizada de los derechos audiovisuales, lo que para los clubes más modestos supone un 30 % más de ingresos anuales y la solución a sus problemas financieros.
La federación escuda su posición en los perjuicios para el fútbol modesto, y se queja de «las inspecciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social a los clubes de fútbol aficionado, que han obligado a abandonar sus puestos a una elevada cantidad de directivos modestos, alma verdadera de nuestro deporte».
Sobre la mesa estuvieron, además, las reivindicaciones de la AFE, que pretenden una menor presión fiscal sobre sus asociados y ampliar los ingresos para la Segunda División, y lo que, según el comunicado, se definen como «continuadas injerencias del CSD» que, señala la federación, «han motivado una seria advertencia por parte del máximo organismo del fútbol mundial, comunicada al Gobierno de España».
El organismo que dirige Villar asegura haberse sentido «ignorado, despreciado y ninguneado por el Gobierno de España». «El Gobierno utiliza el dinero privado del fútbol para políticas deportivas a través del CSD, dirigidas a otras actividades ajenas al fútbol. Además, se nos adjudica el papel de garantes de los clubes de sus deudas tributarias y de la Seguridad Social y se nos impone la función de carteros de nuestro dinero para entregarlo inmediatamente a las federaciones de ámbito autonómico, sin recibir nada a cambio», expone el comunicado en otra de las interesadas quejas de un Villar que quiere evitar a toda costa el control público del dinero que recibe, a lo que está obligado por el destino finalista de las cantidades. «El Gobierno, con este dinero privado del fútbol, fija los porcentajes y el destino finalista que debe recibir cada federación territorial, dependiente de una Administración autonómica», se queja la federación.
De esta forma, la AFE encontró el apoyo de la federación. El organismo presidido por Ángel María Villar, que inicialmente aprobó el cambio en la reglamentación, concede un plazo de 10 días al Gobierno para rectificar y que el nuevo modelo no vea la luz definitivamente en el Congreso. El paro cuenta con el apoyo de la federación, la AFE, los entrenadores, los árbitros y todas las federaciones territoriales. Se extiende a todas las categorías y afecta a las dos últimas jornadas de Liga (17 y el 23 de mayo), y a la final de la Copa del Rey del 30 de mayo. Paradójicamente, el comunicado de suspensión de las competiciones si no se modifica el Real Decreto finaliza con un ofrecimiento de diálogo.
Acciones legales de la LFP
A última hora, la LFP emitió un comunicado en el que convoca una asamblea general extraordinaria para el lunes, califica la decisión adoptada por la RFEF de «nula de pleno derecho», solicita «a los organismos competentes, la depuración de cuantas responsabilidades disciplinarias puedan derivarse» y anuncia: «la LFP ha realizado una reserva expresa de acciones legales para reclamar los gravísimos daños y perjuicios económicos, deportivos, sociales y de cualquier otra índole, que se deriven de la hipotética ejecución del acuerdo adoptado por parte de la RFEF en el día de hoy, tanto para los Clubes/SAD afiliados, como para las propias competiciones del fútbol profesional.