La Audiencia de Madrid ordena por fin la entrega de la sangre a las autoridades antidopaje
15 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Es simbólico. Un gesto. Porque no tendrá consecuencias administrativas para los propietarios de las 211 bolsas -entre concentrados de hematíes y de plasma- que fueron incautadas por el grupo de la Guardia Civil, liderado por el entonces teniente Enrique Gómez Bastida, durante la operación Puerto, la de mayor calado que ha tenido lugar en Europa contra el dopaje y que se desarrolló en el 2006. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de ordenar que la sangre custodiada en el laboratorio antidopaje de Barcelona sea entregada a las autoridades deportivas que la reclamaban - la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) y la Federación Española de Ciclismo- sólo propiciará el escarnio público de los tramposos, de quienes no dudaron de arriesgar incluso su vida para ganar. Al haber transcurrido diez años desde que se intervinieran las muestras, los expedientes han caducado para la justicia deportiva.
Pero la sentencia del tribunal presidido por Alejandro Benito, que revoca la de abril del 2013 de la juez Julia Patricia Santamaría, se considera una bendición para el deporte español. Es el principio del fin para un estigma que lo ha estado martirizando desde hace una década, que ha puesto en el punto de mira a una generación de talento irrepetible. Nadie ha estado a salvo de la sospecha del consumo de sustancias o métodos prohibidos. Por elevación, nombres como el de Nadal o Pau Gasol se han tratado de manchar aprovechando el velo de la operación Puerto. «En cierto modo es lógico que nos miren con recelo, en el pasado no hemos hecho bien las cosas para luchar contra el dopaje y ahora a todos los deportistas españoles se nos vigila con especial atención», asegura siempre que se le cuestiona sobre este asunto el reciente premio Princesa de Asturias de los Deportes, el ferrolano Javier Gómez Noya.
Incluso frenó en seco las aspiraciones olímpicas de Madrid. Fue uno de los frecuentes reproches que le realizaban los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) a los responsables de las diferentes candidaturas de la capital de España. «Y ciertamente no es un caso sencillo de explicar, es una tacha que nos hace mucho daño», reconocía en una entrevista para La Voz el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, poco después de que Tokio se hiciese en Buenos Aires con la organización de los Juegos del 2020, los últimos a los que, por el momento, se presentó Madrid.
Tras conocerse la resolución de la Audiencia Provincial, el director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad), Enrique Gómez Bastida -el mismo Guardia Civil que dirigió la operación Puerto, ahora comandante en excedencia-, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, mantuvieron una reunión para analizar el escenario que se abre después de esta sentencia. «La agencia está procediendo al estudio en profundidad del fallo para conocer las actuaciones que pudiera iniciar en el ámbito de sus competencias y aquellas en las que pudiera participar en colaboración con las autoridades antidopaje personadas como acusación en la citada causa judicial», indicó al término del encuentro Gómez Bastida, quien, de todos modos, mostró su «satisfacción por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de entregar a las partes recurrentes las bolsas de sangre y las pruebas documentales incautadas en la Operación Puerto».
La absolución de Eufemiano
Pero entre las autoridades antidopaje la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid no es ni mucho menos perfecta. Deja un regusto amargo. Agrado por la disponibilidad de las bolsas de sangre para rastrear el código genético de sus propietarios y pesar porque el cerebro de la trama, el hombre que ganó dinero con el dopaje, el médico canario Eufemiano Fuentes, quedó absuelto. También uno de sus principales colaboradores: José Ignacio Labarta. El tribunal entiende que no se cometió un delito contra la salud pública, que la sangre que utilizaban para mejorar el rendimiento de los deportistas no puede tratarse como un fármaco y que no hay encaje en esta fórmula legal más propia para combatir el tráfico de drogas. Con la decisión no queda ningún culpable ya y Eufemiano podrá volver a ejercer como médico deportivo si así lo quisiese.
Con el prisma de la nueva legislación en la que se castiga penalmente la facilitación del dopaje a los deportistas, esto ya no sería posible. Sin embargo, si se volviese a repetir la incautación de bolsas de sangre, la decisión de entregarlas o no volvería a estar en la sensibilidad del juez al que le tocase resolver sobre el caso.