La ley le obliga a demoler su casa de A Estrada pero le permite hacer otra en el mismo lugar
DEZA
La familia recurre al TSXG para intentar salvar los ahorros de toda su vida
25 jun 2024 . Actualizado a las 20:55 h.La familia Rey Gómez tiene en juego los ahorros de toda una vida por una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra que le obliga a demoler su hogar, situado en la parroquia estradense de Santa Cristina de Vea (A Estrada).
La pesadilla empezó cuando Manuel Jesús Rey Carbia y Lucía Gómez Fariña, decidieron apostar por el rural para criar a sus hijos. Lolo —que es como le conoce a él todo el mundo— y Lucía querían formar una familia numerosa y optaron por la agricultura ecológica para poder compaginar el trabajo con la crianza lejos del asfalto. Con 21 años que tenían entonces y esa forma de pensar podrían haber sido candidatos a cualquier premio contra la despoblación rural. Pero su sueño se convirtió en pesadilla al intentar buscar un hogar.
En A Estrada el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) llevaba años atascado y la concesión de licencias estaba paralizada. La pareja intento ir a lo sencillo y buscar una casa para rehabilitar. «Ninguén nos quixo vender», aseguran. Irse a un piso iba contra su filosofía de vida, así que, como hicieron entonces muchas otras familias, Lolo y Lucía decidieron arriesgar. «A familia de Lolo tiña unha finca en Santa Cristina de Vea de 4.600 metros cadrados. Supoñíase que, no novo PXOM que estaban redactando ía ser edificable, así que empezamos a construír. No 2008 firmamos un papel co Concello comprometéndonos a ter construído en cinco anos e a presentar o proxecto de obra en canto o Concello o solicitase», cuenta Lucía. «Daquela fixo así moita xente», explica. Sin embargo, cuando el PXOM al fin vio la luz, la parcela quedó catalogada como rústica. «Alegamos pero non serviu de nada», lamenta. El papel firmado se quedó en «papel mollado» y la construcción fuera de la ley.
La prescripción llegó tarde
«Daquela o Concello díxonos que non nos preocuparamos, que non nos ía denunciar e que, cando o asunto prescribise, a vivenda poderíase meter nun proceso de regularización. Fíxose así con outras e quedaron legalizadas. Para que prescriba teñen que pasar seis anos desde a finalización da construción, que no noso caso, que fomos facendo aos poucos, establécese no 2010», cuenta la propietaria. «Outros conseguiron legalizar as súas casas, pero a nós en agosto do 2016, cando quedaba un mes para que prescribira, chegounos unha comunicación da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que iniciaba un expediente pola construción da vivenda sen licenza», cuenta Lucía.
La familia intentó salvar la casa alegando su vinculación a la explotación hortícola, que ya estaba funcionando, pero la APLU, considerando que no se trataba de una huerta profesional y subrayando que la casa no estaba bien rematada, emitió en el 2017 una orden de demolición. «Alegamos porque a entregaron un ano despois da denuncia e estaba fóra de prazo. Aí houbo cinco anos de silencio administrativo. Pero no 2022, por unha reinterpretación da lei do 2019 aplicada de forma retroactiva, a APLU ordenou a demolición no prazo dun mes, impoñendo senón unha multa de 6.000 euros diarios. Aí púxose fin á vía administrativa e recorremos á vía xudicial», explica Lucía.
El juicio se celebró en noviembre del 2023 y el 22 de febrero del 2024 llegó la demoledora sentencia. «A casa empezouse no 2007, pero aplicando de forma retroactiva unha lei do 2016 considérase que, para poder manter a casa en pé, a horta tiña que ser tres anos anterior á casa. Paradoxicamente, se demolemos a casa e volvemos a pedir licenza para construíla, non habería ningún problema para edificar de novo no mesmo sitio porque cumpre con todos os lindes e todo», lamenta Lucía.
Por esta razón, la familia ha recurrido la sentencia al TSXG, al que suplica que le permita solicitar licencia de construcción antes de llevar a cabo la demolición. «Se está todo en orden, poderiamos mantela e, se non, tirámola», explica la propietaria. El recurso fue presentado en abril y la familia espera ansiosa el veredicto. Lolo y Lucía tienen ahora una huerta ecológica llamada Rebulidoiro, cuatro hijos de 3, 7, 12 y 13 años y una casa que nunca llegó a tener calefacción ni recebado por la pesada sombra de la duda. «Temos 37 anos e a nosa vida está aquí invertida. Se isto é potenciar o rural...», dicen.