El alcalde de Agolada accedió a su condición actual, pero temporal, de máximo regidor municipal, de la mano de un artefacto político (llamarle partido sería en exceso generoso ) que denominó Anticorrupción y Justicia. De demostrar que en cuestiones de corrupción no era anti sino pro corrupción se encargó la Audiencia Provincial de Pontevedra condenándolo a tres años y medio de cárcel (pena que obliga al ingreso efectivo en prisión), a trece años de inhabilitación para el ejercicio de responsabilidades públicas y a una multa económica de casi 25.000 euros a la empresa láctea afectada.
Solo es cuestión de tiempo de que acabe con sus huesos en la cárcel, pues como se demostró en el juicio, su actuación en ese asunto constituyó una prevaricación de libro, pero mientras no se resuelve el recurso que presentó contra la sentencia sigue ejerciendo su cargo y cometiendo injusticias en su condición de máximo responsable del personal del Concello. Injusticias en un doble sentido, concediendo privilegios a aquellos trabajadores municipales que él considera que sirven a sus intereses y acosando a aquellos otros que han tenido la desgracia de no contar con su bendición por actuar como empleados públicos del Concello de Agolada y no empleados al servicio personal de los intereses de Luis Calvo.
En lugar de sacar una lectura productiva de la sentencia de la Audiencia Provincial y modificar sus prácticas «trumpistas» y caciquiles en la gestión de los asuntos municipales y laborales continúa ejerciendo el poder como un sátrapa, que no solo gobierna de forma despótica y arbitraria sino que hace ostentación de su poder al margen de sus atribuciones legales.
Afrentas al personal
Así en situaciones concretas, a determinado personal que tiene limitaciones físicas, refrendadas por certificados médicos, le obliga a realizar funciones que expresamente están contraindicadas por el propio servicio de prevención ajeno del Concello de Agolada, llegando a situaciones extremas en las que por los esfuerzos físicos que se les obliga a realizar, al finalizar la jornada laboral y regresar al domicilio se ven en la necesidad de pasar toda la tarde en la cama para recuperarse físicamente.
Otra situación de arbitrariedad absoluta también se da en otro puesto de trabajo en el que al trabajador se le obliga a realizar a él solo las tareas propias del puesto, y cuando
este está ausente por vacaciones o baja es sustituido por dos operarios que realizan esas mismas funciones.
En estos y en otros casos de manifiestas injusticias, en los que no abundamos para no resultar innecesariamente recargados, Luis Calvo tiene un alumno aventajado en su concejal de Obras, que practica la amenaza permanente por norma.
Que se estén dando estas situaciones de abuso despótico del poder resulta no solo lamentable sino éticamente reprobable, pero también somos conscientes que no se pueden exigir comportamientos éticos a quien carece de esos principios y esperamos que la justicia actúe con la mayor brevedad para que deje de gobernar alguien que ya fue considerado por la Audiencia Provincial de Pontevedra como delincuente.