El colectivo lalinense reclama la regularización de su trabajo y que se subsanen las muchas lagunas que dejan en sus manos toda la responsabilidad
16 mar 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Toda persona tiene derecho a una defensa. Es algo que marca la ley y un derecho básico en cualquier democracia. El servicio lo prestan los abogados de oficio siguiendo un sistema obsoleto que, refieren los profesionales del Derecho, es necesario adaptar a los tiempos actuales y que otorga derechos y obligaciones a los letrados pero carece de las regulaciones más básicas. Sobre el papel prestar el servicio de abogado de oficio puede ser voluntario, pero en el caso de que no haya gente suficiente pasa a ser obligatorio. Y de hecho lo es.
En Lalín son 21 y recientemente se dieron de baja en bloque. A la espera de una respuesta de la Administración que, creen, los dará de alta de nuevo, ayer representantes del colectivo de abogados del partido judicial expresaron sus reivindicaciones poniendo el acento en las dificultades que tienen en la prestación del servicio de asistencia gratuita.
Denuncian que se encuentran «nunha situación de indefensión total» con la obligación de estar totalmente disponibles las 24 horas los siete días de la semana que dura cada guardia del turno de oficio en Lalín so pena de la apertura de un expediente disciplinario. Tienen «indemnizacións, non retribucións polo traballo que sería o normal» reclamando «a dignificación do noso estatus e a regulación da figura do noso estatus xurídico» y la cotización a la Seguridad Social con efecto retroactivo. Alegan que «non temos contrato, non hai normas laborais que o regulen, non temos dereito á desconexión dixital, a conciliación ou a folga». En cambio, explican sí tienen numerosas obligaciones y una responsabilidad que, afirman, «recae directamente en nós».
Reclaman más implicación de la Administración de Justicia y del Estado que creen debería empezar por dotar económicamente un derecho tan básico y esencial como el turno de oficio. En el desempeño de su labor se encuentran, relatan, «con que temos un tempo máximo de tres horas para chegar ao cuartel da zona ou o xulgado onde sexamos requeridos e temos que presentarnos de xeito inmediato no xulgado en caso de violencia de xénero». En caso de enfermedad, operación programada, accidente o emergencia que sufra el letrado de guardia, incluida su asistencia dentro de su trabajo particular a algún juicio ya señalado previamente, dicen, «non nos cambian o turno e temos que apelar a bonhomía dalgún compañeiro para que acuda no noso lugar».
Dentro de estas reclamaciones se encuentran las de unas retribuciones dignas y regladas como las que tiene cualquier trabajador. Ponen el ejemplo de un médico, obligado por el código deontológico a prestar asistencia si donde está se produce una urgencia. Algo así, dicen, les pasa a los abogados del turno de oficio pero en su caso no solo acuden a asistirlo, por ejemplo, en el momento de su detención sino que deben prestarle servicio durante todo el proceso que abarca desde ese momento hasta el fin de los recursos de una sentencia, por lo que la asistencia se puede prolongar mucho en el tiempo. Se encuentran también, apuntan, con que muchas veces son requeridos por la Administración para prestar asistencia a una persona y luego a esta no le conceden el derecho a la justicia gratuita con lo que la prestación «a acaba pagando o abogado». La mayor parte de las asistencia son penales y a no pueden renunciar a ellas.
Tampoco se contemplan gastos de desplazamiento. Ni se les proporciona transporte para acudir, por ejemplo, a un cuartel de la zona de madrugada para asistir a un detenido. Todos esos gastos, comentan, los asume el letrado que acaba recibiendo una indemnización por los servicios prestados a trimestre vencido y que no cubren muchos de los desembolsos necesarios. Mientras que a médicos o fiscales, por poner dos ejemplos, sí se les facilita transporte o se les abona un taxi, alegan. Son algunos de los conceptos, «que non se pagan» añadiendo que «hai moitos conceptos que non se abonan e moitas actuacións que non figuran no baremo existente».