La noticia de la apertura del proceso de liquidación en el marco del concurso de acreedores del colegio Scientia Lalín causó una honda preocupación en las filas de los distintos grupos políticos. Una preocupación que se centra, sobre todo, en el futuro de los trabajadores del centro y también de los alumnos, a unos días de la finalización del curso escolar.
La oposición lalinense pone los ojos en la Xunta y espera que desde la Consellería de Educación se articule alguna medida que garantice una plaza a los estudiantes y se vele por mantener los puestos de trabajo.
Para CxL, PSOE y BNG, la situación no es nueva y piden una solución definitiva a un problema que se lleva arrastrando desde hace años. Hay que recordar que este es el tercer concurso voluntario de acreedores que afecta al centro educativo. El coordinador de CxL, Rafael Cuíña, señala que la situación «era algo máis que previsible» y espera «que as autoridades competentes de Educación teñan tomado previamente medidas para que non afecte á educación dos alumnos afectados». Está convencido que «desde a Xunta de Galicia estarán atentos a esta situación».
La portavoz del PSOE, Alba Forno, expresaba también su preocupación alegando que «non sabemos que vai facer a Xunta» y si tras la fase de liquidación «virá outra empresa ou que pasará». Cree que se necesita una solución definitiva que acabe con esta intranquilidad mes tres mes y curso tras curso recordando que «non hai capacidade de absorber aos alumnos cos que conta o centro» de Infantil, Primaria e Secundaria».
Para el portavoz del BNG, Francisco Vilariño «isto é unha morte anunciada» calificando la situación de «gravísima» y «non contemplamos que non exista este colexio e se perda un centro educativo no casco urbano e que toda esa plantilla de traballadores quede na rúa». Recuerdan que «xa denunciamos no seu momento que esta era unha operación especulativa» y dado que tras crear dos sociedades, dicen, en concurso no está ni el edificio ni los terrenos ven muy difícil que alguien «poda mercalo asumindo as débedas e tendo que pagar por un aluguer ou mercar a propiedade aos actuais donos» alegando que «é un produto moi pouco atractivo». Señala que se extingue el convenio con Educación y apuesta porque la Xunta se haga cargo del colegio.