A pesar de considerar controlado el impacto en su balance del estallido de la burbuja inmobiliaria, el Santander no suscribe en absoluto ni las cuentas ni las propuestas del nuevo presidente de la Asociación Hipotecaria Española -un alto ejecutivo del Santander, ahora jubilado- que cifró en 324.000 millones la deuda de los promotores con el sector financiero y sugirió la creación de un banco malo que cargue con las pérdidas.
El consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáenz, aclaró que esa cifra abarca todos los créditos concedidos a la actividad inmobiliaria, desde la construcción de polígonos industriales por los ayuntamientos a los edificios de uso propio. La cuantía equivalente para el Santander sería de 31.600 millones -explicó-, cuando el crédito del grupo a promotores puros se reduce a 14.600 millones de euros. Son operaciones muy diferentes, insistió, y aportó como prueba que la morosidad de los primeros está en el 5,7%, en tanto que la de los segundos asciende al 8%.
Por otra parte, y con 75 años cumplidos, Emilio Botín bromeó ayer con las propuestas de prolongación de la vida laboral hasta los 67 años que plantea el Gobierno.
«Pienso que no me jubilaré cuando llegue a esa edad», dijo. Los estatutos de la entidad no plantean límite de edad para el presidente, dispuesto a seguir «con las botas puestas» mientras goce de la confianza del consejo de administración.
Pero el banco jubila y prejubila. De hecho, en España mil empleados abandonaron la entidad en el 2009.