«Los desempleados que estén recibiendo formación no deben ser considerados parados porque están trabajando para el país». Este fue el argumento de Zapatero para explicar por qué el Ejecutivo no cuenta como parados a los que realizan un curso de formación pese a ser un requisito obligatorio para seguir percibiendo la prestación. Pero, por no salir en la estadística, esos 264.267 ciudadanos no podrán acceder a las ofertas para parados que se han lazado durante la crisis.
Es el caso de Movistar, que ofrecía rebajas de hasta 20 euros en la factura a quien hubiese perdido el empleo. Tras las quejas de algunos clientes que perdieron la deducción al empezar un curso, la compañía puntualizó que «ya no cumplían con los requisitos necesarios según la Seguridad Social», avalada por el decreto de 1985 que define al parado en formación.
Pero no es la única. Otras ofertas esconden bajo campañas de márketing letras pequeñas que llevan a grandes exclusiones. Sanitas, por ejemplo, garantizaba a sus clientes que si se quedaban sin empleo no perderían su cobertura. Eso sí, solo quien abonase previamente un complemento de seguro. Por su parte, Mutua Madrileña se comprometía a cubrir gastos durante dos años por un importe máximo de mil euros, pero solo a quien fuese despedido de forma improcedente, excluyendo a los afectados por un ERE.
Por su parte, las asociaciones de usuarios apuntan que «si la publicidad indicaba que era una tarifa para parados, realizar un curso no es justificación para anularla», dice Rubén Sánchez, de Facua, que recomienda revisar el contrato para determinar si induce a errores y se trata, por tanto, de publicidad engañosa, lo que permitiría exigir su cumplimiento.