Xosé M. Sánchez Aguión é secretario xeral de CC.?OO. Galicia
José Antonio Gómez é secretario xeral de UGT-Galicia
El Gobierno facilitará que las empresas no apliquen el régimen salarial previsto en los convenios de ámbito superior, lo que se conoce como cláusula de descuelgue, durante un plazo máximo de tres años. La norma favorecerá el uso de esa cláusula a la que una empresa podrá recurrir cuando «tenga una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación y las perspectivas económicas pudieran verse afectadas negativamente como consecuencia de la aplicación [del régimen salarial del convenio superior], afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo».
Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores determinaba que la cláusula de descuelgue solo podía darse «cuando así lo requiriera la situación económica de la empresa», lo que hacía prácticamente imposible que se utilizara. El texto fija que la cláusula de descuelgue se podrá aplicar por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, aunque, si no alcanzan un pacto, se podrá recurrir a la comisión paritaria del convenio y, en caso de que permanezcan las discrepancias, a los procedimientos de resolución de conflictos, como el arbitraje.
Próximas reuniones
En paralelo a la fracasada negociación de los convenios, empresarios y sindicatos han celebrado ya dos reuniones (26 y 31 de mayo) presididas por la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, para revisar todos los aspectos de la contratación, derivados de la reforma laboral del 2010. Aunque la intención es seguir avanzando, no hay fecha para otra cita. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que esta negociación no tiene plazo de finalización. No obstante, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya ha adelantado que los acuerdos deberían estar cerrados a finales de junio, con la mirada puesta en que julio sería el único colchón antes del verano.
En la CEOE ya han manifestado su interés en rescatar su propuesta de contrato único, cuya indemnización sería de 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad, con independencia de que el despido sea procedente o improcedente, Asimismo, los empresarios podrían plantear un régimen de contrato a tiempo parcial.